El embarazo adolescente exige una respuesta frontal del Estado, la escuela y la familia. No basta lamentar las cifras. Hay que universalizar la educación integral en sexualidad y garantizar una prevención real. En 2024 hubo 32.201 nacimientos de madres entre 10 y 19 años: 30.580 en adolescentes y 1.621 en niñas de 10 a 14.
La gravedad no admite excusas morales ni silencios cómodos. Negar información no retrasa el inicio sexual; solo aumenta el riesgo. La evidencia muestra que la pobreza, la deserción escolar y la falta de acceso a servicios y anticonceptivos empujan trayectorias de exclusión. Prevenir también exige derribar mitos, abrir consejerías y llegar a barrios y comunidades.
El problema, además, está cruzado por la violencia. Ocho de cada diez embarazos en menores de 14 años se asocian con violencia sexual. Por eso, la respuesta no puede reducirse al aula. Debe incluir denuncia oportuna, protección efectiva, investigación, justicia y presencia institucional donde hoy manda el miedo.
Educar, prevenir y proteger no empuja conductas de riesgo; evita daños irreparables. Cada embarazo forzado o no prevenido en una niña o adolescente revela una falla colectiva que el país ya no debe tolerar.
