El debate sobre el control de los recursos públicos suele activarse cuando existen glosas o determinaciones de responsabilidad administrativa. Sin embargo, desde una perspectiva técnico-administrativa, el verdadero desafío no radica únicamente en sancionar, sino en prevenir. En este contexto, el rol de la entidad de control debe consolidarse no solo como órgano fiscalizador, sino como un actor estratégico en el fortalecimiento institucional y en la mejora continua de la gestión pública.
La Constitución de la República, en su artículo 211, establece que la Contraloría General del Estado es el organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y de la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado. A su vez, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado regula la determinación de responsabilidades civiles y administrativas, así como la obligación de implementar sistemas de control interno. En este marco normativo no solo faculta la acción correctiva, sino que impulsa un modelo preventivo sustentado en normas técnicas y buenas prácticas.
Desde la perspectiva de las entidades públicas, muchos hallazgos de auditoría se originan en debilidades estructurales: procesos no estandarizados, matrices de riesgo inexistentes o desactualizadas, deficiente segregación de funciones y limitada capacitación del talento humano. La adopción rigurosa de las Normas de Control Interno, la planificación institucional alineada a objetivos medibles y la evaluación periódica de riesgos constituyen herramientas esenciales para minimizar contingencias y garantizar el uso eficiente de los recursos.
Desde la visión del órgano de control, el acompañamiento técnico oportuno, la emisión clara de lineamientos y la promoción de una cultura preventiva fortalecen la institucionalidad sin afectar la autonomía de gestión. El control concurrente y las recomendaciones permiten corregir desviaciones antes de que estas generen responsabilidades posteriores, optimizando recursos y protegiendo el interés público.
En definitiva, el fortalecimiento del sistema de control exige una articulación responsable entre fiscalización y administración. La gestión pública moderna demanda planificación estratégica, monitoreo permanente y control interno sólido como parte integral de la toma de decisiones. Anticipar riesgos, institucionalizar buenas prácticas y profesionalizar la administración no es una opción, sino una obligación ética y técnica. Por lo tanto, el control público en el Ecuador debe evolucionar de un enfoque sancionador a un modelo preventivo, orientado a resultados sostenibles en beneficio de la ciudadanía.
