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El conflicto por la presidencia temporal de la Judicatura comenzó cuando el Ministerio de Trabajo reportó un impedimento contra Alexandra Villacís por una supuesta deuda tributaria con el SRI. La notificación se emitió el lunes 9 de febrero de 2026 e interrumpió el procedimiento previsto para su subrogación durante la licencia del presidente Mario Godoy.
Mientras tanto, en el Consejo de la Judicatura se organizó una sesión extraordinaria durante la madrugada del 10 de febrero para resolver la subrogación. La reunión fue convocada para las 00:15, pero inició a las 00:24 y se instaló formalmente a las 00:27 . Durante esa sesión se debatió la «designación del miembro que presida el Consejo de la Judicatura por ausencia temporal del titular e impedimento de su alterna».
La designación de Damián Larco
Los vocales designaron a Damián Alberto Larco Guamán como presidente temporal del organismo hasta el retorno de Mario Godoy. Larco fue director del Servicio de Rentas Internas durante el Gobierno de Daniel Noboa y ahora asumió la conducción del órgano disciplinario más importante del sistema judicial. Votaron a favor Alfredo Cuadros, Magaly Ruiz y Fabián Fabara.
Las autoridades insistieron en que la designación era necesaria para garantizar continuidad administrativa mientras el presidente titular enfrentaba un juicio político en la Asamblea. Godoy es investigado por presuntas presiones ejercidas desde la institución hacia el juez anticorrupción Carlos Serrano en un caso vinculado al ciudadano serbio Jezdimir Srdan.
Alexandra Villacís difundió un certificado actualizado del SRI obtenido ese mismo lunes. El documento indicaba que no mantenía obligaciones tributarias pendientes, lo cual abrió nuevas preguntas sobre la naturaleza del impedimento comunicado al Ministerio de Trabajo.
Lo que está en juego para la justicia
El Consejo de la Judicatura no dicta sentencias, pero administra procesos esenciales que determinan la calidad e independencia del sistema judicial. Controla concursos, evaluaciones, ascensos, procesos disciplinarios y designaciones de jueces, fiscales y defensores públicos en todo el país. Su conducción influye directamente en la confianza ciudadana, la protección de derechos y la capacidad institucional para enfrentar corrupción y crimen organizado.
En la práctica, el organismo ha sido criticado por presuntas interferencias políticas en distintos periodos presidenciales desde el mismo gobierno que lo impulsó, es decir desde la presidencia de Rafael Correa. Analistas han señalado que su estructura puede convertirse en un instrumento para presionar a jueces mediante evaluaciones o sanciones disciplinarias, como ocurrió durante el correísmo según varios especialistas. Actualmente, sectores correistas acusan al Gobierno de Daniel Noboa de reproducir ese mismo esquema, generando un cruce de señalamientos que intensifica el debate.
El poder disciplinario del CJ incluye la posibilidad de sancionar o destituir a operadores de justicia por faltas como error inexcusable, negligencia o infracciones graves. Esa facultad puede fortalecer la integridad interna, pero también ha sido usada históricamente para influir en decisiones judiciales controversiales. Por ello, cada disputa por la presidencia del organismo adquiere relevancia.
Cuestionamientos al perfil de Larco
La designación de Damián Larco generó críticas provenientes de actores jurídicos y políticos que cuestionaron su formación profesional. La abogada Mariela Díaz señaló que «Damián Larco el presidente del Consejo de la Judicatura no es abogado», destacando que la conducción de la Función Judicial exige un perfil especializado. El jurista Salim Zaidán agregó que en la página institucional se indica que Larco es «estudiante de Derecho en la UTPL», una situación que consideró insuficiente para el cargo.
«El Consejo de la Judicatura va de mal en peor: las decisiones de la madrugada son improvisadas y sin claridad. Cuesta creer que se actúe por el país y no por intereses ocultos».
Maria Paulina Araujo, jurista
En esa misma línea, la asambleísta correista Paola Cabezas afirmó que «nombraron a un economista que ni siquiera cumple el perfil para presidir el Consejo de la Judicatura». Añadió que el proceso ocurrió «entre gallos y medianoche», lo cual reforzó las críticas sobre la forma en que se produjo la designación temporal.
Pero hay un antecedente sobre esto. Proviene del periodo 2011-2013, cuando el ingeniero Paulo Rodríguez presidió el Consejo de la Judicatura Transitorio tras delegación del entonces presidente Rafael Correa.
Mario Godoy y Alexandra Villacís
El presidente titular, Mario Godoy, aseguró que su licencia estaba planificada previamente y no respondió a un acuerdo político interno. Explicó que el proceso de subrogación debía activarse de forma administrativa según lo establece el Código Orgánico de la Función Judicial. Indicó que el impedimento reportado contra Villacís obligó a aplicar la normativa que permite designar al presidente encargado en ausencia de la alterna.
Villacís afirmó que la notificación del impedimento le resultó «sumamente rara» porque mantiene «todo en regla» respecto de sus obligaciones tributarias. Manifestó que la comunicación coincidió exactamente con el momento en que debía asumir la presidencia temporal del organismo.
