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El 11 de febrero, el Comité de Ética de la Asamblea Nacional aprobó un informe que recomienda la destitución del asambleísta Juan Andrés González, jefe de la bancada de Revolución Ciudadana, tras una denuncia por presuntos diezmos y hostigamiento laboral, presentada por la oficialista Ana Belén Tapia, en Quito, por posibles faltas a la Ley de la Función Legislativa.
El documento fue respaldado por los miembros del comité, dominado por Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados. La recomendación pasará al Pleno para su discusión formal. Además, la votación definirá la continuidad del legislador. Tapia presentó la denuncia con base en supuestos cobros al personal del despacho. La acusación señala pagos para gastos personales y familiares. Por eso, el caso avanzó hacia una etapa probatoria.
Denuncia y elementos presentados
El 3 de febrero, el exfuncionario Hernán Robles acudió al Comité de Ética para rendir su versión. En la sesión, entregó grabaciones, documentos y comprobantes de pagos realizados durante su vínculo laboral.
Según la exposición, Robles habría cubierto pasajes terrestres a Loja, cambios de aceite de un vehículo y medicinas, gastos que el informe atribuye al asambleísta y su entorno cercano. También constan comunicaciones electrónicas y registros financieros. El Comité señaló que la documentación muestra coherencia entre fechas, transferencias y testimonios. Por tanto, incluyó esos elementos dentro de las conclusiones técnicas del expediente.
Respuesta del asambleísta y conclusiones
Juan Andrés González rechazó la acusación. El legislador afirmó que devolvió todos los valores. En su defensa declaró que no existieron cobros obligatorios. «Todos esos valores fueron devueltos en su totalidad de forma oportuna, por lo que no se puede hablar de diezmos», sostuvo el asambleísta durante el proceso. Sin embargo, el comité mantuvo su postura.
En el informe se lee: «La posterior devolución total o parcial de ciertos valores no desvirtúa la existencia de exigencia previa, por el contrario, constituye un elemento corroborador de los pagos efectuados». Con esa frase, el organismo sustenta la recomendación.
Procedimiento parlamentario
La Ley de la Función Legislativa prohíbe a los asambleístas recibir aportes, cuotas o gratificaciones no debidas de su equipo. Además, fija el trámite para los informes disciplinarios. Una vez aprobado el documento, el comité debe enviarlo de inmediato al presidente del Legislativo. En este caso, Niels Olsen contará con cinco días para incluir el debate en el orden del día del Pleno.
Durante la sesión, Tapia y González tendrán una hora cada uno para exponer argumentos. Luego dispondrán de 30 minutos adicionales para réplicas. Después, los legisladores votarán la moción. Para concretar la destitución se requieren 101 votos, que equivalen a la mayoría calificada. Así, la decisión dependerá de acuerdos entre bancadas. Mientras tanto, el informe permanece en trámite formal.
El proceso se desarrolla bajo normas internas y plazos definidos. De este modo, la Asamblea evaluará responsabilidades administrativas. Además, la votación marcará el desenlace del caso de Juan Andrés González, un nombre que ahora concentra la agenda legislativa y las búsquedas sobre Comité de Ética, Asamblea Nacional y destitución de asambleísta.
