• 6 minutos de lectura
La filtración de un reglamento interno de las Fuerzas Armadas ha encendido las alarmas de organismos internacionales como la SIP y Human Rights Watch. El documento establece lineamientos para calificar a los periodistas de diferentes medios de comunicación según su «afinidad ideológica» y condicionar el acceso a la información oficial. En una entrevista de Manavisión Plus, Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, advirtió sobre el peligro de normalizar el autoritarismo y la falta de rendición de cuentas.
-Mauricio, una prensa libre es el pilar de la democracia; sin embargo, el nuevo reglamento que condiciona las coberturas militares a la «imagen institucional» promueve la falta de transparencia. ¿No resulta esto una forma solapada de censura previa?
Le quitaría lo de «solapada»: es censura con todas sus letras. Los únicos que debemos tener el poder en nuestras manos de escoger por qué informarnos, qué canal de televisión vemos o qué periódico leemos, somos nosotros, los ciudadanos. Que alguien nos diga cómo tenemos que informarnos sobre temas de interés público es censura. No hay más vueltas que darle. Si una institución restringe el acceso de un periodista a una rueda de prensa, está censurando. Si emite lineamientos para calificar a los medios por su línea editorial o afinidad ideológica, es censura. Y la censura es la violación directa a la libertad de expresión y al libre flujo de información garantizado por la Constitución.
-¿Se puede justificar esta actitud de las Fuerzas Armadas considerando que, según las encuestas, es la institución que todavía goza de mayor credibilidad entre los ecuatorianos?
Si este tipo de actuaciones son puestas en conocimiento de la ciudadanía gracias a una filtración, la credibilidad y la confianza en la institución con seguridad van a caer. Yo no puedo seguir confiando en una institución que quiere únicamente informar a través de medios pautados o afines al Gobierno Nacional. Yo quiero una institución que le hable claro al país sobre la inseguridad y cuente qué está haciendo con el dinero que aportamos. No nos olvidemos de que son recursos que salen de tu bolsillo y del mío, incluso a través de ese incremento del IVA. No se trata de establecer censura con criterios subjetivos donde un funcionario determine, en su «infinita inteligencia», con qué medios hay que hablar.
-El presidente Daniel Noboa ratificó la Declaración de Chapultepec en 2024. ¿Este reglamento no contradice frontalmente ese compromiso y otros tratados internacionales?
No solo eso. Nuestro país tiene en su ordenamiento el Pacto de San José y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. El incumplimiento va mucho más allá de Chapultepec. El segundo principio de la CIDH dice que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información libremente; si se condiciona la búsqueda de información a medios afines ideológicamente, se vulnera este principio. El principio quinto prohíbe la censura previa y la presión directa o indirecta. Lo que está pasando es una vulneración a derechos consagrados que el Estado ecuatoriano se ha comprometido a respetar desde hace décadas.
-Las Fuerzas Armadas parecen más preocupadas por perseguir la filtración del documento que por su validez. ¿Qué lectura le da a esta prioridad del hermetismo sobre la autocrítica?
Creo que nadie mejor que Bonil para resumir esto. Él citó en su cuenta de X: «Oficialmente respetamos la libertad de prensa, pero extraoficialmente diremos de quién». Esa es la realidad. El Comando Conjunto reconoce que el documento existe y, al perseguir la filtración, valida su contenido. Quiero aprovechar este espacio en Manavisión Plus para reconocer al periodista Paulo Romero y a ese «héroe anónimo» dentro de las Fuerzas Armadas que filtró un documento que viola derechos fundamentales. Gracias a ellos tenemos la oportunidad de seguir defendiendo la libertad de expresión.
-¿De quién depende que se elimine esta resolución? ¿Qué acciones se pueden tomar?
Partamos de la propia institución. El Comando Conjunto tiene la oportunidad de echar abajo esta disposición inconstitucional y garantizar el acceso a la información. Si eso no ocurre, algunos ya estamos evaluando acciones en el ámbito constitucional. Pero no es el único caso, Sandro. Hace poco se impidió el ingreso de colegas del diario Correo a una rueda de prensa en la Gobernación de El Oro porque al gobernador «no le gusta» el medio. Eso también es censura. Ojalá no estemos normalizando la censura, porque ya suficiente hemos tenido con normalizar la corrupción y la impunidad.
-¿Qué mensaje se le envía al país cuando la institución encargada de nuestra seguridad ignora principios universales de libertad?
Algo básico: dentro de un Estado de derechos, las instituciones deben cumplir la ley más allá de quién esté al frente. Si actúan por presiones políticas o animadversiones, entran en un estado de anarquía. No necesitamos que en las ruedas de prensa estén únicamente los medios pautados por la Presidencia o adscritos a la Secretaría de Comunicación. Esos espacios deben ser accesibles incluso para ciudadanos comunes que quieran informarse de lo que sus autoridades están haciendo.
-En territorios y provincias, los periodistas enfrentamos una «planta central» que bloquea la información local. ¿Cómo combatir esta cultura de la opacidad?
No podemos institucionalizar la cultura de la opacidad. El poder está para rendir cuentas. ¿Por qué la agenda de un viaje internacional debe ser reservada si la pagamos nosotros? ¿Por qué la contratación pública en seguridad debe ser secreta? No pedimos planes de guerra ni estrategias contra el crimen organizado; queremos saber qué hacen con los tres puntos adicionales de IVA que nos sacan desde hace dos años. El poder es de los ciudadanos y nosotros somos los mandantes.
Cuando las autoridades callan y se normaliza la censura, es porque algo se oculta de manera deliberada que puede ser perjudicial para el interés público.
Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo
-¿Qué sigue después de silenciar las voces críticas? ¿Es una amenaza real a la democracia?
Ya lo vivimos. No es un tema nuevo. Ya sabemos las consecuencias de la época de Rafael Correa, cuando con Ricardo Patiño al frente de las Fuerzas Armadas pasó lo mismo. ¿Queremos repetir la historia de una Superintendencia de Comunicación o de un «Gran Hermano» que nos diga qué ver o leer? Lo que más preocupa es que hay personas que hoy justifican en el gobierno de Daniel Noboa lo mismo que criticaban antes. Eso daña la democracia. Nuestro deber es poner las cosas en su lugar y seguir defendiendo las libertades.
