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Alcaldes y prefectos de varias ciudades y provincias marcharon en Quito para rechazar la Ley Urgente de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), enviada por el Ejecutivo.
Durante la movilización, Pabel Muñoz afirmó que casi 100 autoridades locales «alzamos la voz para exigir el archivo inmediato de una ley injusta y antidemocrática», destacando preocupación por los impactos sociales. La protesta reunió a representantes de distintas jurisdicciones que cuestionaron el alcance real de la propuesta legislativa.
El alcalde de Quito y su cuestionamiento
Muñoz explicó que la reforma «redefine de forma absurda la inversión: permite construir obras, pero prohíbe contratar a las personas que les dan vida», reforzando su crítica al proyecto. Según el alcalde, esa limitación generaría «menos atención para nuestros wawas (niños), adultos mayores, mujeres, gestores culturales y familias enteras«, debido a la reducción de servicios. Además, insistió en que la norma restringiría la operación de programas municipales esenciales.
El burgomaestre aseguró que la ley afectaría iniciativas vinculadas con inclusión social, salud mental, cultura, desarrollo infantil, transporte público y autonomía local. En su criterio, la propuesta «golpea directamente a la gente y a los territorios», porque impondría reglas fiscales que dificultarían responder a necesidades comunitarias urgentes. Muñoz sostuvo que las instituciones locales quedarán debilitadas si se aprueba el proyecto.
Reclamos desde los gobiernos locales
«No se puede tener centros de salud sin médicos, escuelas sin docentes, ni ciudades sin vida. Esto no es disciplina fiscal: es retroceso social«, puntualizó el alcalde de Quito. También dijo que «defender a los gobiernos locales es defender la democracia, el Estado de derecho y la Constitución», invitando a continuar la presión política. Por ello insistió en que «esta ley debe archivarse», postura compartida por varias autoridades provinciales.
Mientras tanto, el oficialismo defendió el proyecto y aseguró que persigue un uso más eficiente del presupuesto de los GAD. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate con ocho votos del bloque ADN y dos votos en contra de la bancada correísta. El gobierno argumenta que la propuesta establecería mínimos de inversión y permitiría reforzar infraestructura y servicios públicos esenciales.
El Ejecutivo planteó que la reforma «establece una regla clara y verificable» para que los GAD destinen al menos el 70% del presupuesto a inversión y mantenimiento. Esa disposición, según la propuesta, permitiría mejorar la trazabilidad y la rendición de cuentas sobre los recursos municipales.
Debate sobre gasto y afectaciones territoriales
El legislador oficialista Adrián Castro añadió que la crítica opositora no refleja el uso real del presupuesto municipal durante el último año. Según dijo, «entre todos los municipios del país se gastaron USD 36 millones en farra«, señalando irregularidades en contrataciones locales. Incluso mencionó casos específicos en Manabí, donde «hay una sola persona que ganó ocho contratos en un año», lo cual calificó como llamativo.
En el debate, el excorreísta Sergio Peña propuso aplicar la regla fiscal de manera gradual entre 2026 y 2028 para facilitar el ajuste presupuestario. Su planteamiento sugiere iniciar con un 65% de asignación obligatoria este año y alcanzar el 70% en 2028, bajo un esquema transitorio. La propuesta busca evitar impactos abruptos en los gobiernos locales y permitir una transición ordenada.
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, afirmó que «la afectación a Pichincha superaría los 50 millones y esta norma inconstitucional golpea a los más pobres», según sus estimaciones. Además, señaló que el proyecto reduciría recursos para zonas rurales y complicaría la continuidad de programas dirigidos a territorios alejados. Pabón pidió a las autoridades locales exigir el archivo por el impacto social y territorial que advierten.
Apoyo del bloque oficialista
La legisladora manabita Valentina Centeno respaldó la propuesta y celebró la aprobación del primer informe en la comisión. Indicó que ahora «los municipios y prefecturas deberán invertir el presupuesto en obras y servicios prioritarios», destacando el giro hacia infraestructura. Para Centeno, la norma garantizará eficiencia en el uso de los recursos locales.
La asambleísta insistió además en que la reforma impedirá «más gasto irresponsable en burocracia y campañas«, al considerar que fortalecerá la transparencia. Subrayó que lo aprobado representa «orden, transparencia y control del recurso público, como siempre debió ser», alineándose con la postura del Ejecutivo. La discusión avanza hacia el pleno, donde los bloques medirán fuerzas en un debate que continúa polarizado.
