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El Tribunal de Garantías Penales sentenció a cuarenta años de prisión a cinco personas tras hallarlas culpables de asesinato agravado, en un caso que conmocionó a la comunidad debido a la extrema violencia con la que actuaron.
La víctima, secuestrada el 23 de enero de 2025, fue encontrada horas después sin vida y desmembrada, luego de un operativo de búsqueda desplegado por las autoridades. Una versión de un testigo presencial permitió la captura inmediata de uno de los sospechosos, Jefferson Junior R.M. Desde ese momento la Fiscalía General del Estado inició el proceso penal, que posteriormente incluyó a Cèsar Gabriel B.V., Frixon Darío B.G., Carlos Daniel O.C., y Jean Carlos V.P.
Investigación y proceso judicial
Durante la audiencia de juicio, la Fiscalía presentó diversas pruebas, entre ellas partes policiales sobre el hecho violento y la aprehensión, el acta de levantamiento del cadáver, el protocolo de autopsia, pericias de criminalística y el informe investigativo. Además, se expusieron las versiones tanto del testigo presencial como de los agentes que realizaron las detenciones.
Sentencia ejemplar del tribunal
El tribunal acogió el pedido de la Fiscalía y estableció la pena base en treinta años de prisión para los cinco imputados. Al considerar circunstancias agravantes como la extrema gravedad del delito, el alto nivel de violencia, la participación conjunta y planificada de los procesados, la ausencia de atenuantes y el nivel de culpabilidad personal, los jueces sumaron un tercio más a la condena inicial, alcanzando así los cuarenta años de privación de libertad para cada uno.
Reparación integral y fundamentos legales
Además de la condena, el tribunal impuso a los sentenciados el pago de 100.000 dólares como reparación integral para la familia de la víctima. La Fiscalía encuadró los hechos bajo el delito de asesinato, conforme al artículo 140, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y argumentó las circunstancias agravantes utilizando el artículo 47, numerales 1, 5, 6 y 7 del mismo cuerpo legal.
La detención inmediata de uno de los responsables y la incriminación de los otros cuatro procesados fue posible gracias al testimonio directo de un testigo que presenció el acto violento, hecho que marcó la diferencia en la resolución expedita del caso.
- La Fiscalía sustentó su acusación en pruebas materiales, periciales y testimoniales.
- El tribunal estableció el monto de la reparación integral tomando en cuenta el daño emocional y económico sufrido por la familia afectada.
- La sentencia contempla la sanción más severa permitida en casos de asesinato agravado bajo la legislación ecuatoriana.
Con esta sentencia, las autoridades recalcaron la importancia de la coordinación entre la investigación policial y la actuación fiscal para asegurar la sanción de los delitos más graves, así como la protección de los derechos de las víctimas y sus familias, se indicó.
