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El impuesto adicional del 0,3 % de alcabalas, que se cobra cuando se adquiere un bien inmueble, vuelve al debate público en Manabí.
La contribución se destina a la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG), y actualmente se analizan alternativas sobre su continuidad, modificación o una derogatoria.
El asambleísta alterno Carlos Dávila, del Partido Acción Democrática Nacional (ADN), es quien ha participado en reuniones con el colectivo Portoviejo Renace Contigo, liderado por María José Fernández, para revisar el alcance de este aporte.
En estos encuentros participaron representantes de la Junta de Beneficencia, delegados del Estado y actores de varios cantones de la provincia, con el objetivo de conocer el detalle de las recaudaciones y el monto que cada municipio transfiere por este concepto.
Recaudación anual y pagos en los cantones
Según los datos presentados en las mesas de trabajo, en Manabí se recaudan cerca de 2 millones de dólares al año por el 0,3 % del impuesto de alcabalas. El monto varía de acuerdo a la cantidad de bienes inmuebles que se venden en la provincia.
Dentro de ese total, Portoviejo aporta alrededor de 450.000 dólares, anual valor que, de acuerdo con Dávila, ya fue cancelado por el municipio a la Junta de Beneficencia de Guayaquil.
Indicó que algunos cantones mantienen valores pendientes. Manta, por ejemplo, adeuda entre 500.000 y 600.000 dólares. En esa lista también está el Municipio de Jipijapa y varios cantones de la zona norte, señaló el asambleísta.
Solicitud de información sobre inversiones
Según Dávila, representantes de la Junta de Beneficencia de Guayaquil han entregado información preliminar sobre inversiones sociales y educativas realizadas en la provincia de Manabí.
«Hemos pedido que nos desglosen un poco más, porque era muy ejecutivo el documento y pedimos que sea detallado de cada una de las operaciones, de los procesos sociales, apoyos educativos que han llevado a cabo en Manabí», precisó el asambleísta.
También se requirió conocer cuántas personas de Manabí reciben atención en la Junta de Beneficencia, cuántas son atendidas de forma gratuita y cuántas acceden a descuentos en servicios médicos, ya que algunas prestaciones implican el pago de deducibles parciales.
«El objetivo final es reunirnos todos, los asambleístas, el colectivo y un representante de la Junta de Beneficencia, para tomar medidas concretas. Ya conocemos el problema y tenemos posibles soluciones», sostuvo.
Alternativas en análisis
Entre las opciones que se analizan, está la derogatoria del impuesto del 0,3 % mediante una decisión del presidente de la República. También se analiza una reforma legal incluida en una ley económica urgente, siempre que se mantenga la unidad de la materia legislativa.
Otra posibilidad es que el cambio surja mediante un petitorio ciudadano, mecanismo que también está siendo considerado dentro del proceso de análisis que se desarrolla en las reuniones.
Una tercera alternativa plantea mantener el aporte del 0,3 %, pero con mayor inversión directa en Manabí. En ese escenario se debe llegar a acuerdos para que la Junta de Beneficencia establezca oficinas en Manabí, para facilitar el acceso de la población a servicios, beneficios y programas sociales.
«»También considerar por qué no tener algunos hospitales, como lo ha solicitado la Junta de Beneficencia. Obviamente, estos son detalles técnicos que tendríamos que discutir con ellos para ver la viabilidad y cómo podemos desarrollar esta situación», mencionó Dávila.
Este debate surge tras el pedido del colectivo Portoviejo Renace Contigo. El aporte del 0,3 % sobre el impuesto de alcabalas está amparado en el Decreto Supremo No. 900, publicado en el Registro Oficial No. 593 del 27 de mayo de 1946, que establece que los GAD municipales de Manabí, Guayas y El Oro deben recaudar ese porcentaje adicional y transferirlo a la Junta de Beneficencia de Guayaquil.
