Hay que auditar los desvanecimientos de glosas que se han hecho en la Contraloría General del Estado. Un exdirector de Responsabilidades de la institución presionó a sus subalternos para desvanecer ilegalmente una glosa de 111,9 millones de dólares, según un proceso legal. Esto revela un método, no un error.
La condena de un año de prisión, obtenida mediante procedimiento abreviado, confirma que el mecanismo funcionó con precisión: funcionarios de alto nivel intervenían en resoluciones técnicas para beneficiar a privados. La pregunta obligatoria es cuántas glosas corrieron la misma suerte y a favor de quiénes.
La Contraloría y la Fiscalía tienen la obligación de responder esa pregunta, no como ejercicio retórico, sino con una auditoría sistemática de los expedientes resueltos o desvanecidos durante los últimos años. El país necesita saber si este fue un caso excepcional o una forma de operación institucionalizada.
Entretanto, la glosa desvanecida debe ser ratificada y ejecutada. El Estado no puede dar por cerrado un caso en el que los beneficiarios del ilícito aún no han devuelto lo que no les correspondía.
