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La Justicia de Argentina procesó este lunes 30 de marzo a Claudio Tapia, titular de la Asociación del Fútbol Argentino, y al tesorero Pablo Toviggino por fraude fiscal, ordenando el embargo de bienes por 240.000 dólares.
La medida responde a una causa por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la Seguridad Social no depositados en los plazos legales.
Procesamiento y acusaciones fiscales
De acuerdo con información publicada por el medio deportivo Diario Olé, Claudio Tapia fue declarado «coautor penalmente responsable del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la Seguridad Social«. El monto involucrado supera los 12,5 y 13 millones de dólares
La causa se originó tras una investigación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que señaló a la AFA por actuar como agente de retención y percepción de tributos nacionales sin realizar el depósito correspondiente dentro del plazo legal de 30 días posteriores al vencimiento.
Medidas cautelares y restricciones
Además del procesamiento, la resolución judicial impone restricciones a Claudio Tapia y Toviggino. Ambos tienen prohibido ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas sin autorización del tribunal, así como salir del país.
Estas medidas podrían afectar su presencia en compromisos internacionales, incluido el seguimiento de la selección argentina durante el próximo Mundial que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México, en caso de no resolverse su situación judicial.
Otros dirigentes involucrados
La investigación también alcanzó a otros directivos del organismo. Entre los procesados figuran el secretario general Cristian Malaspina, su antecesor Víctor Blanco y el director general Gustavo Lorenzo.
El avance del proceso judicial amplía el alcance de la causa y pone bajo revisión la gestión administrativa del ente rector del fútbol argentino en materia de cumplimiento tributario.
Contexto y alcance del caso
El caso se centra en el manejo de recursos retenidos en concepto de impuestos y aportes a la Seguridad Social, obligaciones que las entidades deben transferir al Estado dentro de los plazos establecidos.
