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El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) no alcanzó este 2 de mayo de 2026 los votos necesarios para resolver el pedido de corrección presentado por la organización política Unidad Popular. El recurso, interpuesto por su dirigente Geovanni Atarihuana, busca revertir la resolución que determinó la cancelación del partido como personería jurídica en Ecuador.
Tras obtener una votación de dos apoyos, una abstención y un voto en contra, la presidenta del organismo, Diana Atamaint, suspendió la sesión para retomarla en los próximos días. La jornada estuvo marcada por tensiones administrativas y confrontaciones verbales entre los consejeros.
Se ratificó eliminación de la Unidad Popular
Antes de abordar el informe jurídico, el Pleno conoció una recusación presentada por Atarihuana contra la presidenta Diana Atamaint y el consejero José Merino Abad. A pesar de los cuestionamientos de la vocal Elena Nájera, la mayoría del cuerpo colegiado decidió continuar con el orden del día.
Durante el debate, Nájera y Merino protagonizaron un cruce de palabras que derivó en la salida momentánea de la consejera, quien luego regresó para votar en contra del informe que ratifica la eliminación del partido. Argumentos de la defensa y presuntas irregularidades.
La directiva de Unidad Popular sostiene que el proceso de cancelación carece de validez jurídica. Según la organización, existen cinco puntos críticos que vulneran la seguridad jurídica del proceso:
* Extemporaneidad: La resolución se adoptó 23 días después de vencido el plazo legal establecido.
* Falta de pruebas: Denuncian la ausencia de evidencias sobre la supuesta disminución de adherentes.
* Recusaciones pendientes: El CNE no ha tramitado formalmente los pedidos contra Atamaint y Merino.
* Voto dirimente: Se cuestiona la legalidad del voto de la presidenta en esta instancia particular.
* Vulneración al debido proceso: La defensa alega una falta de motivación técnica en el fallo.
La disputa se trasladará al Tribunal Contencioso Electoral
El caso de Unidad Popular se suma al del movimiento Construye, ambos afectados por resoluciones de cancelación bajo el argumento de no cumplir con el número mínimo de afiliados permanentes. Ante la falta de pronunciamiento definitivo del CNE, Geovanni Atarihuana anunció que la disputa legal se trasladará al Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Asimismo, Atarihuana adelantó que el partido está dispuesto a agotar las instancias nacionales, incluyendo la Corte Constitucional. De no obtener una resolución favorable en el país, Unidad Popular planea elevar la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), bajo el argumento de una presunta persecución política y violación a los derechos de participación ciudadana.
