En un escenario nacional atravesado por tensiones comerciales, desafíos en materia de seguridad y un calendario electoral anticipado, el analista político Matías Abad expone una visión crítica sobre las principales decisiones del Gobierno ecuatoriano.
En una entrevista concedida a Manavisión Plus, el experto examina las implicaciones económicas de las medidas adoptadas frente a Colombia, uno de los principales socios comerciales del país, y advierte sobre sus posibles efectos en la producción, el intercambio de productos y las dinámicas en la frontera.
De igual forma, analiza el complejo contexto de inseguridad que enfrenta Ecuador, señalando la falta de una estrategia integral que permita abordar de manera estructural el avance del crimen organizado.
¿Cuál es su lectura sobre las recientes medidas económicas adoptadas contra Colombia?
Por un lado, vemos que se generan medidas con el propósito de dar estabilidad a los mercados internacionales; se busca, de alguna manera, generar nuevos ingresos de recaudación a fin de poder estabilizar la economía.
Sigue, de alguna forma, el libreto del Fondo Monetario Internacional, y eso ha sido señalado por la propia organización multilateral como un cumplimiento necesario para poder acceder a nuevos créditos y a los desembolsos que ya se empiezan a realizar, con el propósito de ir estabilizando el déficit y mejorar las cuentas nacionales.
Por otro lado, vemos que, quizás, dentro de una motivación estrictamente política, se toma una decisión bastante apresurada contra uno de nuestros principales socios comerciales. Se toma una decisión bastante agresiva desde la política comercial que lo que va a generar, como primer efecto, más que eliminar el comercio, es desviarlo hacia el contrabando; yo creo que eso va a ser una consecuencia o un impacto directo e inmediato, especialmente en las provincias fronterizas.
¿Qué riesgos enfrenta Ecuador si se agrava la relación con Colombia, considerando la dependencia energética?
Sin duda, hay muchas implicaciones, por lo cual no es prudente, al menos desde lo técnico, lo económico y lo social, tener una mala relación con un vecino tan cercano, con el cual compartimos incluso una suerte de dependencia energética, la cual, en su momento, más allá de precios altos o malas negociaciones que se pudo haber tenido, ha permitido, a través de esta relación, sostener la matriz energética y, por ende, al sector productivo, que, a la larga, es el que demanda energía en los tiempos de estiaje.
Ahora, sin ese proveedor, porque entiendo que las relaciones solo van a empeorar desde lo diplomático, vamos a tener que confiar en que existan suficientes lluvias y que no haya sedimento en Coca Codo Sinclair, para que pueda sostenerse la generación que actualmente se está dando y no pasar estiajes, especialmente en los meses de sequía.
¿Existen ventajas para el país con el incremento de aranceles a productos colombianos?
Ciertos sectores industriales muy específicos, quizás textiles, podrían tener una ventaja, en función de que se encarecería tanto el producto colombiano que prácticamente se eliminaría el comercio bilateral; pero, aun así, hay muchas empresas que requieren de varios insumos y materias primas, incluso para poder fabricar estos propios productos.
Varios gremios están pidiendo que se restablezca el diálogo con nuestras contrapartes en Colombia para buscar un plan que permita ir eliminando estas trabas al comercio. Realmente, más allá de la dimensión política y la intencionalidad política, creo que no hay técnico de ningún gremio comercial, industrial o de comercio exterior que esté respaldando la medida.
¿Qué mercados alternativos tiene Ecuador ante esta situación?
Puede haber otros clientes, sin duda, pero mientras más lejos estén, más cuesta el flete; mientras más inexplorado sea un mercado o más saturado esté, más difícil es poder establecer una relación de negocios. Eso se puede ir encontrando en el camino, pero no ha habido tampoco un anuncio ni una planificación de las medidas que se han tomado.
Uno, cuando está ante la posibilidad de que exista un acuerdo comercial con algún país —un acuerdo de libre comercio que se va a suscribir en los próximos años—, los equipos empresariales empiezan a visitar ese país, a buscar posibles clientes, a establecer condiciones de negociación y a definir cuáles serían los mecanismos logísticos multimodales para el transporte, ya sea por barco y luego por tierra, identificando las principales rutas; es decir, se trata de un trabajo que se va construyendo con el tiempo y con el compromiso y el apoyo de todos los sectores.
En este caso, ante una relación tan abrupta, más bien lo que va a pasar es que la producción que ya estaba comprometida con Colombia, va a tener que rematarse aquí en el país, bajando precios y, finalmente, hasta perjudicando a muchos productores.
En materia de seguridad, ¿por qué persisten los altos niveles de violencia pese a las medidas adoptadas por el Gobierno?
Lo que podemos ver, y creo que todos vamos a estar de acuerdo, es que no existe todavía una estrategia de seguridad integral; lo que vemos es una estrategia de contención. A esta se suma la alianza que estamos haciendo con Estados Unidos, con el Escudo de las Américas.
Esto funciona en el corto plazo, esto funciona para contener conflictos específicos, pero la verdadera sostenibilidad, que nos va a ir dando una reducción de las muertes violentas, depende de si también se va fortaleciendo el Estado.
Cuando hablamos de fortalecer el Estado, hablamos de depurar la justicia y todas sus instancias, de fortalecer los mecanismos de inteligencia a nivel nacional e integrarlos, creo yo, en un sistema que pueda alimentarse tanto de la inteligencia militar, policial, como de la inteligencia que tiene el Ejecutivo.
Yo creo que tampoco hay un control de las cárceles, a pesar de que se promociona mucho esta narrativa; pero basta ver que todas las semanas siguen existiendo incidentes. Seguimos con estados de excepción, con toques de queda, con despliegues militares y policiales en los territorios. Se da una presencia, digamos, del Estado y de la fuerza pública para contener ciertos picos de violencia, pero, estructuralmente, quizás no estamos avanzando hacia este refuerzo o este fortalecimiento del Estado, que es lo único que nos permitiría, a largo plazo, poder debilitar los índices de inseguridad.
¿Considera que el sistema judicial y las cárceles deben ser intervenidos con mayor profundidad?
Tiene que, sin duda, estar alineado en un mismo plan la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que serían los respaldos del Ejecutivo; también tienen que estar integrados todos los niveles legislativos. Y, cuando hablo de todos los niveles, me refiero a los consejos parroquiales, los consejos cantonales, los consejos provinciales y la Asamblea Nacional, dentro del mismo plan. Tiene que haber también una alineación de la Función Judicial.
Tiene que haber también, dentro de este plan, dos actores que, de alguna manera, no están dentro del radar de lo que se tiene como estrategia de seguridad, que son, por un lado, los gobiernos autónomos descentralizados.
Vemos cómo los municipios, especialmente los más grandes, tienen presupuestos importantes que se destinan a seguridad; muchos de ellos lo canalizan hacia consejos de seguridad cantonal, en los cuales incluso se implementan salas de monitoreo, cámaras y capacitaciones, entre otros, pero lo hacen bajo un plan cantonal de seguridad que no está alineado con un plan estatal.
Lo lógico es que venga una directriz de un plan nacional de seguridad que diga qué es lo que tiene que hacer cada consejo cantonal. De la misma manera, los consejos provinciales y parroquiales.
Y también otro actor que tampoco está alineado es la ciudadanía. No tenemos directrices de prevención, ni tampoco un rol dentro de este plan de seguridad del Estado que nos diga, por ejemplo, ante tal situación, qué debemos hacer, cómo debemos denunciar o cómo formar parte de la solución. Si tenemos un plan de seguridad que nadie conoce, pues difícilmente vamos a poder contribuir.
¿Los operativos y capturas reflejan una reducción real del crimen o responden a una estrategia comunicacional?
Si nos ceñimos estrictamente a lo que señala el cuadro de mando integral de la Policía Nacional, el año 2025 fue el más violento de la historia de este país. Generalmente, el termómetro o el principal indicador que tienen los países, a nivel internacional, para medir la conflictividad o la violencia dentro de un país son las muertes violentas; y, en este caso, más del 90% de las muertes violentas están asociadas a temas delincuenciales y, especialmente, al narcotráfico.
Entonces, más allá de relatos y de toda la narrativa que se pueda construir, los datos son fríos: 2025 fue un año muy complejo. Estamos viendo que, quizás, en este inicio de 2026 están mejorando los indicadores; esperemos que así sea.
Sin embargo, más allá de la contención e incluso del eventual apoyo con despliegue territorial de fuerzas de seguridad de los Estados Unidos en nuestros territorios, lo importante es tener claro que, estructuralmente, a mediano y largo plazo, la única forma de ir reduciendo la inseguridad es involucrando también a otras instituciones y fortaleciendo los mecanismos de inteligencia y de trazabilidad del dinero.
Es decir, qué está pasando con el dinero, hacia dónde va, cómo entra y cómo sale; y, a la larga, si podemos ir tomando acción sobre estos casos, sobre el dinero y sobre las cabezas de los grupos delincuenciales organizados, ahí quizás empecemos a ver una disminución más estructural. Porque lo que está pasando es que, finalmente, se mitiga la violencia en su dimensión más de calle, pero no están ahí los mandos medios ni altos, ni tampoco la parte medular del ingreso que pueden tener las bandas, que básicamente es el tráfico de droga.
¿Cómo analiza el adelanto de las elecciones seccionales?
Creo que, de entrada, en la opinión y percepción de la mayoría de actores políticos, este proceso electoral ya nace con una disputa de legitimidad. Muchas organizaciones políticas sienten que existe una ventaja para estructuras consolidadas; es decir, aquellos partidos y movimientos que han venido, en el último lapso, construyendo una maquinaria territorial y definiendo ya cuadros electorales previos para poder enfrentar este adelanto.
Esto también, desde otra lectura, indica que se va a reducir el margen de tiempo para la campaña y la organización misma, lo que limita la aparición de candidaturas en construcción o terceras opciones.
Además, dentro de este adelanto de elecciones, hay procesos judiciales que están enfrentando varios partidos, que podrían ser suspendidos o cancelados y que, por los tiempos, más bien, muchos se han visto en la obligación de buscar otra casa, otra tienda política para canalizar sus candidaturas.
Queda un sinsabor: se levantan estas suspicacias sobre la verdadera intencionalidad por la cual el Consejo Nacional Electoral adelanta el proceso de sufragio, y quedan dudas respecto de si esto podría estar dirigido a favorecer directamente a un grupo frente a otro.
¿Qué posibilidades tiene ADN en estas elecciones seccionales?
Bueno, ganar o mejorar sus indicadores, por supuesto, porque no han tenido ninguna participación previa en elecciones seccionales. Lo que se ha visto es que, más bien, el partido de gobierno —o, más que el partido, el Ejecutivo— ha podido alinear a su favor a buena parte de los municipios y prefecturas; y la muestra de ello es que tienen una influencia marcada en la Asociación de Municipalidades del Ecuador.
Entonces, sin duda, formalmente cualquier resultado positivo va a representar un avance, porque actualmente no tienen juntas parroquiales, alcaldías ni prefecturas. Ahora, quizás la otra discusión o el otro análisis es que, a primera vista, se percibe un intento de trasladar la polarización nacional —es decir, este eje noboísmo-correísmo— hacia la dinámica local.
Y aquí hay un punto que puede resultar incluso perjudicial o contraproducente para el partido de gobierno. En el plano nacional, la polarización cumple una función ordenadora: el elector, al polarizarse la elección, reduce sus alternativas, simplifica la competencia y puede, con base en estructuras e identidades políticas, tomar una decisión más simple o incluso votar en contra de alguien. En la última elección, por ejemplo, el elector votaba, en algunos casos, en rechazo a una candidatura, sin que le convenciera plenamente la otra.
Sin embargo, en las elecciones seccionales existe una lógica distinta. El voto territorial es mucho más pragmático y menos ideológico: el elector evalúa a los aspirantes por sus credenciales de gestión, cercanía con la gente y conocimiento del territorio. En definitiva, no vota contra alguien, sino a favor de quien percibe como la mejor opción o el mejor administrador para resolver problemas concretos, como agua potable, movilidad, seguridad u obra pública. Es decir, la identidad política puede tener cierta incidencia, pero no es, creo yo, el factor decisivo.
