La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sumó una nueva restricción a la Iglesia católica en el país, a la que ahora impide las misiones pastorales o las visitas casa a casa para predicar el evangelio.
De acuerdo con la investigadora y exiliada nicaragüense, Martha Patricia Molina, esta prohibición se dio en las diócesis de León y Chinandega, donde ahora les impiden hacer este tipo de actividades religiosas.
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Molina, autora de la investigación “Nicaragua: ¿una iglesia perseguida?», que documenta los ataques y la persecución contra la Iglesia desde el año 2018, aseguró que estaban previstas estas actividades desde este fin de semana, pero la Policía Nacional las prohibió. Ordenó a los sacerdotes y laicos a limitarse a obrar dentro de los templos.
El pasado 13 de enero la abogada acudió a la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) donde denunció los atropellos de la dictadura contra los cristianos en el país.
«Fue una excelente oportunidad porque los comisionados USCIRF nos conocieron y también nos escucharon. Hemos establecido ya comunicación directa con ellos y le hemos solicitado que aboguen por los cristianos nicaragüenses», aseguró Molina a La Mesa Redonda tras presentar los datos que ha recopilado desde hace más de siete años.
En ese encuentro presentó las cifras de 19,836 actos de persecución religiosa en Nicaragua desde abril de 2018 por parte del régimen.
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Amplían restricciones a la Iglesia
Sobre el impedimento de las misiones pastorales destacó que “la Policía prohibió las misiones que estaban programadas para el próximo fin de semana e instó a todos a quedarse en ‘sus parroquias’ sin salir a predicar la palabra, lo que convierte en un fracaso la actividad porque el espíritu de la misma era llevar la Palabra de Dios casa a casa”, expresó la nicaragüense.
Estas restricciones se suman a la prohibición de entrada de biblias al territorio nacional, las de impedir las procesiones de Semana Santa desde hace varios años, además de las confiscaciones de propiedades eclesiásticas, la expulsión de órdenes religiosas y la privación de libertad de obispos, sacerdotes, seminaristas y laicos.
Varios obispos han sido expulsados del país y desnacionalizados, pero en el caso más grave, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez estuvo varios años encarcelado hasta que lo desterraron a Roma.
El régimen lo condenó a 26 años de prisión en 2023 al acusarlo de traición a la patria, delito que usualmente empleado por la dupla Ortega-Murillo contra quienes se oponen a su dictadura. En 2024, por mediación de la Santa Sede, lo expulsaron a Roma donde vive en la Ciudad del Vaticano.
A pesar de la persecución en su contra, el papa León XIV lo ratificó como obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, tras reunirse a finales de 2025. Su nombramiento en el episcopado lo hizo el fallecido papa Benedicto XVI en el año 2011.
