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En Ecuador, la Fiscalía General del Estado (FGE) enfrenta un déficit de 631 fiscales, con solo 870 agentes disponibles en 931 unidades, informó el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, durante la rendición de cuentas del martes 7 de abril, citando que se requiere al menos ocho fiscales por cada 100 mil habitantes para cumplir estándares internacionales.
Según Alarcón, la FGE registró que actualmente el país tiene 4,87 fiscales por cada 100 000 habitantes, cifra inferior al estándar internacional. Explicó que la institución destinó 140,6 millones en 2025, de los cuales el 92 % se utilizó para salarios y apenas el 8 % para operaciones. «Estamos gestionando con el MEF y el Consejo de la Judicatura recursos adicionales para optimizar la operatividad», destacó.
La carga procesal evidencia la presión sobre los fiscales. En 2025, la Fiscalía receptó 341 784 noticias del delito y ejecutó más de 93 000 diligencias y pericias, cifra que refleja la complejidad y extensión de los casos en todo el país. Entre los delitos más frecuentes destacan robo (25,1 %), estafa (7,5 %), violencia psicológica contra mujeres o familiares (6,7 %), intimidación (6,6 %) y extorsión (4,7 %).
Complejidad en la investigación y velocidad de atención
Alarcón enfatizó que «la velocidad de una investigación no depende de una decisión discrecional, sino de la complejidad técnica de cada caso». Señaló que el déficit de personal limita la capacidad de responder de manera inmediata a los delitos denunciados.
La FGE mantiene un enfoque en procesos relevantes que requieren especial atención, entre ellos los casos Triple A, Nene, Petroecuador, Peces Dorados, Blanqueo Fito y Euro 2024, que demandan recursos humanos y técnicos considerables.
Necesidad de incrementar fiscales
Expertos en administración judicial coinciden en que Ecuador necesita fortalecer su cuerpo de fiscales para cumplir estándares internacionales y reducir la carga de trabajo por agente. Un aumento de 631 fiscales permitiría mejorar la cobertura territorial y la rapidez en las diligencias.
El fiscal general encargado concluyó que, mientras se gestionen más recursos y se amplíe la plantilla de fiscales, el país seguirá enfrentando desafíos en la atención oportuna de delitos, especialmente los de alto impacto social.
