El Estado ecuatoriano debe garantizar sin ambigüedades la independencia del periodismo y frenar toda amenaza contra la prensa.
No hay democracia posible cuando el poder intimida, presiona, desacredita o no brinda seguridades a quienes investigan y fiscalizan. La menor sombra de duda sobre interferencias oficiales debe despejarse con acciones concretas.
La Constitución reconoce la libertad de expresión y el acceso a la información pública. La Carta Interamericana establece que la censura y las presiones directas o indirectas violan derechos fundamentales. En ese marco, organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, Fundamedios y la Sociedad Interamericana de Prensa han alertado sobre amenazas de muerte, exclusiones de coberturas, presiones institucionales e intervenciones administrativas que generan preocupación en Ecuador. Estos hechos erosionan el escrutinio público.
Ningún funcionario puede usar recursos estatales o emprender acciones institucionales para premiar o castigar líneas editoriales. Es criticable cualquier acción que genera censura o autocensura, en cualquier nivel de gobierno. Lo fue en el pasado, lo es en el presente y lo será en el futuro. No importa el color del partido que gobierna ni su ubicación ideológica.
Garantizar condiciones seguras para informar es una obligación del Estado.
