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La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección General de Investigación y la Unidad Nacional Interpol, ejecutó el 19 de marzo de 2026 la extradición de una ciudadana colombiana, requerida por la justicia ecuatoriana por el delito de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes.
Procedimiento de extradición
El operativo se desarrolló en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito, mediante coordinación con la Oficina Central Nacional de Interpol en Bogotá.
Gracias a esta cooperación internacional, se logró el traslado de la ciudadana desde Colombia hacia territorio ecuatoriano, donde deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente.
Las autoridades indicaron que la extradición forma parte de los mecanismos legales para garantizar la comparecencia de personas requeridas por la justicia.
Detalles del caso
La extraditada, identificada como María Z., de nacionalidad colombiana, es requerida por la Unidad Judicial Penal con sede en Ambato.
Según las investigaciones, estaría vinculada a hechos ocurridos en 2017, relacionados con la captación y difusión de contenido de carácter sexual que involucra a una menor de edad.
Estos hechos motivaron la activación de protocolos institucionales para su localización y posterior solicitud de extradición.
Situación legal y proceso judicial
Tras su llegada al país, la ciudadana fue puesta a órdenes de la autoridad competente para continuar con el proceso judicial en Ecuador.
Las instancias judiciales deberán determinar su situación jurídica conforme a la normativa vigente.
El caso se enmarca en delitos que afectan la integridad y derechos de niñas, niños y adolescentes, considerados de alta prioridad para las autoridades.
Cooperación internacional
La Policía Nacional destacó el rol de la Interpol en la localización y captura de personas requeridas por la justicia en otros países.
Este tipo de acciones refuerzan la cooperación internacional en materia de seguridad y permiten avanzar en procesos judiciales que requieren coordinación entre Estados.
Las autoridades reiteraron que estos mecanismos buscan evitar la impunidad y proteger los derechos de la niñez y adolescencia.
