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La carrera electoral en Perú enfrenta una nueva crisis institucional tras conocerse que loa Fiscalía ha solicitado una pena de 5 años y 4 meses de prisión contra el candidato presidencial de izquierda, Roberto Sánchez. La acusación, presentada por el presunto delito de falsa declaración administrativa y financiación ilícita de partidos políticos, trascendió este martes 12 de mayo de 2026.
El anuncio se dio justo cuando el escrutinio oficial confirmó que Sánchez disputará la segunda vuelta electoral frente a la candidata derechista Keiko Fujimori. La resolución acusatoria del fiscal, emitida originalmente el 15 de enero, pero revelada este martes 12 de mayo, señala que Sánchez habría desviado fondos del movimiento Juntos por el Perú hacia sus cuentas personales.
Candidato a la segunda vuelta electoral de Perú
La fiscalía fundamenta su pedido en supuestas irregularidades detectadas en los informes financieros de la organización entre los años 2018 y 2021, periodo que abarcó elecciones regionales, municipales, legislativas y las presidenciales anteriores. Según el ente acusador, se habrían presentado declaraciones falsas y aportes económicos inexistentes ante los organismos de control.
El proceso judicial entrará en una etapa decisiva el próximo miércoles 27 de mayo, fecha en la que se ha programado la audiencia de formalización de cargos. En esta diligencia, que incluye un pedido de inhabilitación política, un juez deberá determinar si existen los elementos de convicción suficientes para abrir un juicio oral contra el candidato.
La relevancia de esta audiencia radica en su proximidad con el calendario electoral de Perú, ya que se llevará a cabo a solo quince días de la segunda vuelta presidencial, convocada para el domingo 7 de junio. Ante estos hechos, Roberto Sánchez rechazó tajantemente la acusación este martes, ratificando su inocencia.
Disposición a colaborar con las autoridades de justicia
El líder de Juntos por el Perú argumentó que el Poder Judicial ya archivó previamente las sospechas de fraude en su contra mediante una resolución formal. «Demostré que nunca hice uso personal de recursos económicos del partido; no se puede construir una condena sobre hechos que ya fueron descartados por la propia justicia«, manifestó el aspirante presidencial.
Sánchez defendió su gestión como representante legal del partido, indicando que su labor consistía únicamente en trasladar la documentación oficial a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Asimismo, el candidato subrayó su disposición a colaborar con las autoridades, recordando que ha asistido a todas las diligencias durante los cinco años que ha durado la investigación.
«Reafirmo mi proceder correcto y respetuoso de la legalidad. Les demostraré su error», concluyó el político, quien busca mantener su base electoral en medio de este escenario judicial.
