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La Fiscalía brasileña presentó su oposición formal a la solicitud de prisión domiciliaria solicitada por la defensa de Jair Bolsonaro, argumentando que no se cumplen las condiciones legales para modificar el régimen de cumplimiento de pena del exmandatario. La decisión se conoce en el marco de un proceso judicial que involucra la condena por tentativa de golpe de Estado tras los eventos posteriores a las elecciones de 2022.
Bolsonaro, de 70 años, fue recluido el 15 de enero pasado en una unidad policial especial destinada a presos en condiciones particulares, atendiendo a sus problemas de salud crónicos derivados de una puñalada sufrida en 2018 y complicaciones posteriores. La defensa había solicitado el traslado a arresto domiciliario por razones humanitarias, respaldándose en informes médicos que detallan episodios recientes de vómitos y crisis de hipo acentuadas.
Jair Bolsonaro está enfermo, según su defensa
Un peritaje realizado por la Policía Federal el 20 de enero concluyó que, pese a la existencia de afecciones crónicas «innegables», el expresidente se encuentra en condiciones de permanecer en régimen cerrado. Tras recibir este informe, el juez instructor del caso en el Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, concedió un plazo de cinco días a la defensa y a la Fiscalía para que presentaran sus manifestaciones.
La Fiscalía rechazó la petición, posición que ahora deberá ser evaluada por el magistrado para una resolución definitiva. El exjefe de Estado cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión, confirmada por el STF en noviembre de 2025, por su participación en una trama destinada a subvertir el resultado electoral de 2022 y evitar la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva. Inicialmente, Bolsonaro cumplía prisión domiciliaria con tobillera electrónica en un condominio de Brasilia, medida impuesta en agosto de 2025.
La cárcel cuenta con atención médica adecuada
Sin embargo, perdió ese beneficio tras detectarse una violación al dispositivo de monitoreo —intento de manipulación con herramientas— lo que derivó en su traslado a prisión preventiva en noviembre de 2025 por riesgo de fuga. Posteriormente, inició el cumplimiento efectivo de la pena en régimen cerrado.
La defensa ha insistido en que las condiciones carcelarias agravan el estado de salud del exmandatario, mientras que las autoridades judiciales sostienen que las instalaciones policiales cuentan con atención médica adecuada y que no existe riesgo inminente que justifique el cambio de régimen. El caso continúa en trámite en el Supremo Tribunal Federal, donde se espera una decisión final sobre la solicitud de prisión domiciliaria en los próximos días.
