Debe terminar el secretismo y el silencio institucional de los funcionarios en Manabí.
El presidente de la República, Daniel Noboa, reconoció en su reciente visita a la provincia que los funcionarios del Estado en esta región no comunican. Lo dijo con una metáfora que, sin quererlo, es una confesión: «el día que los medios de comunicación digan que hay buenos voceros en Manabí, ese día nevará en la provincia».
El primer mandatario describió un problema real y, al mismo tiempo, pareció que se resignó frente al hecho.
El silencio de los funcionarios no es un defecto de forma: es una falla de fondo. Cuando las autoridades no informan, no es solo la prensa la afectada. Es el ciudadano quien pierde el derecho a saber qué hace el Estado con sus recursos, qué avanza, qué falla y qué se decide en su nombre.
La Constitución garantiza el acceso a la información pública. En Manabí, esa garantía choca a diario con el mutismo institucional.
La autocrítica presidencial es bienvenida, pero insuficiente. Una anécdota ingeniosa no reemplaza una orden concreta. El presidente debe exigir que los funcionarios en Manabí informen, rindan cuentas y respondan. Y si no pueden o no quieren hacerlo, debe cambiarlos. En democracia, el funcionario que calla no protege al Estado: lo debilita.
