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El Ministerio del Trabajo eliminó la prohibición para ejercer cargos públicos que pesaba sobre Alexandra Villacís. Es decir, seis días después de su renuncia como vocal suplente del Consejo de la Judicatura y tres semanas después de una sentencia que ordenaba levantarla de forma inmediata.
La decisión se ejecutó el 13 de abril de 2026, pasadas las 10 de la noche, luego de que la jueza Viviana Pila negara el recurso de aclaración presentado por la cartera de Estado.
El documento oficial del Ministerio del Trabajo señala: «Alexandra Villacís no consta registrada con impedimento legal para ejercer cargo, puesto, función, dignidad en el sector público». Villacís lo informó en su cuenta de X. Ese mismo día, un canal estatal difundió un video de 18 segundos en el que un funcionario ofreció disculpas públicas a Villacís.
https://t.co/YWZnZqDR3G pic.twitter.com/SDMcYheQ5M
— Alexandra Villacís Parada (@ajvillacisp) April 14, 2026
Críticas a la tardanza en el cumplimiento judicial
El exvocal del Consejo de Participación Ciudadana, Gonzalo Albán, opinó: «Justicia que llega tarde no es justicia». Albán se preguntó si se estaba esperando que Villacís renunciara para levantar la inhabilidad.
Agregó que el caso dejó en evidencia la articulación entre el Ministerio del Trabajo, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de Participación Ciudadana para impedir que Villacís asumiera la presidencia de la Judicatura.
El presidente del Consejo de Participación Ciudadana desmintió cualquier intención de bloqueo y afirmó: «Nosotros no tenemos competencia de andar bloqueando. La activación de la selección de mecanismos lo hace el Consejo de la Judicatura». Alexandra Villacís obtuvo el levantamiento de la prohibición solo después de presentar su renuncia el 7 de abril de 2026.
Renuncia tras batalla jurídica de meses
Villacís renunció como vocal suplente tras una prolongada disputa con el Ministerio del Trabajo y el SRI. En marzo de 2026 había ganado un habeas data que ordenaba su restitución inmediata en el cargo. En su carta pública del 7 de abril, señaló que su intención era aportar «institucionalidad» al sistema, pero que «las circunstancias actuales no ofrecen las garantías necesarias para continuar con ese propósito».
Villacís añadió que la situación «trasciende lo personal y deja una reflexión necesaria sobre el valor de la seguridad jurídica y el respeto que merecen las decisiones adoptadas dentro del Estado de Derecho». El Ministerio del Trabajo había registrado la prohibición contra ella pese a la orden judicial de levantarla sin demoras.
El proceso para designar a los vocales suplente y principal de la Judicatura continúa en el Consejo de Participación Ciudadana, que el 1 de abril aprobó con cinco votos la terna enviada.
