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Una inspección del Ministerio de Trabajo desató una disputa política en Quito tras denunciar presiones a funcionarios públicos para asistir a marchas contra reformas al COOTAD.
El ministro de Trabajo, Harold Burbano, denunció la noche del 4 de marzo de 2026 que una inspección detectó presuntas presiones a funcionarios de la Prefectura de Pichincha y del Municipio de Quito para asistir a marchas políticas. Según el funcionario, el caso ya se denunció.
Ministerio denuncia presión
El ministro Burbano informó en un mensaje publicado en la red social X que su cartera actuó tras recibir una denuncia anónima. Según explicó, inspectores laborales acudieron a dos instituciones públicas de Quito y Pichincha para verificar posibles irregularidades.
Durante la inspección se habría comprobado que funcionarios públicos fueron obligados a asistir a movilizaciones con fines políticos. Estas marchas se realizaron en rechazo a las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
El ministro afirmó que este tipo de prácticas vulnera derechos laborales. «Ningún empleador, público o privado, puede obligar a sus trabajadores a participar en actividades políticas», señaló Burbano en su publicación.
Además, recordó que la legislación ecuatoriana prohíbe presionar a empleados para participar en actos políticos. Según el Ministerio, estas acciones pueden generar sanciones administrativas o procesos judiciales.
Video de inspección muestra incidente
El mensaje del ministro incluyó un video grabado durante la inspección en Quito. En las imágenes se observa una confrontación entre inspectores y funcionarios dentro de una oficina. En el registro se escucha a una servidora pública reclamar a los inspectores. «Señor, usted no me puede tratar así», dice la funcionaria durante el altercado.
En el mismo video se observan papeles sobre un escritorio mientras varias personas intentan intervenir una mujer «destruye» los papeles e impide que la autoridad lo decomise. Según Burbano, una servidora de la Prefectura habría roto registros públicos, como documentos o listas de asistencia.
El ministro indicó que el caso fue remitido a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía. El objetivo es determinar responsabilidades administrativas o penales por la presunta destrucción de registros públicos.
Además, el funcionario adjuntó una fotografía de la denuncia formal presentada el 4 de marzo de 2026, relacionada con la destrucción de documentos durante la inspección.
Prefectura denuncia amedrentamiento
Desde la otra orilla, la prefecta Paola Pabón cuestionó la actuación del Ministerio de Trabajo. Según su versión, la inspección responde a un intento de presión política contra autoridades locales. Pabón sostiene que los funcionarios recibieron permisos para asistir a las marchas que se desarrollaron en Quito. También asegura que las instituciones continuaron operando y que los servicios públicos no se paralizaron.
La prefecta afirmó además que los inspectores habrían ingresado sin orden judicial. Según su denuncia, también grabaron videos dentro de las instalaciones de forma irregular.
El conflicto ocurre en medio de las protestas contra las reformas al COOTAD, impulsadas por el Gobierno nacional. Autoridades locales sostienen que estos cambios afectan la autonomía y los recursos de los gobiernos seccionales. El gobierno dice que buscan eficiencia.
