La inminente entrada en vigencia de la ley 70/30 constituye un retroceso para la descentralización que el país necesita. Impone desde el poder central un límite uniforme al gasto municipal, sin considerar realidades distintas.
Esa decisión debilita la autonomía de los gobiernos locales y contradice el principio de que cada cantón debe administrar sus recursos según sus propias prioridades.
La normativa establece que los municipios no podrán destinar más del 30% de sus ingresos permanentes a gasto corriente. La medida surge en un contexto de críticas al crecimiento burocrático local y a deficiencias en control interno, problemas que no se resuelven con una regla rígida dictada desde Quito.
Es innegable que en varios cantones el gasto corriente ha crecido por encima de lo razonable. Existen nóminas infladas y débil fiscalización. Esa realidad exige correctivos; pero la solución debe fortalecer capacidades técnicas y transparencia, no sustituir la competencia normativa local ni uniformar territorios con dinámicas económicas distintas.
La descentralización implica responsabilidad y también libertad para decidir. El Gobierno debe promover controles y sancionar abusos, no recentralizar decisiones.
