La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) exigió el jueves al gobierno estadounidense que aplique sanciones financieras selectivas contra funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por mantener un patrón sistemático de violaciones a la libertad de culto en Nicaragua.
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En su informe anual de cierre de 2025, al que tuvo acceso este medio, la USCIRF propone reclasificar al país como “nación de especial preocupación” y recomienda financiar programas de organizaciones civiles nicaragüenses para documentar los abusos y exigir responsabilidades. Además, pidió al Congreso de EE.UU. retomar y aprobar leyes específicas que promuevan la restauración de derechos humanos y soberanía en Nicaragua.
Dictadores intensificaron represión
Las autoridades nicaragüenses intensificaron la represión durante 2025, arrestaron y exiliaron a líderes y fieles, cancelaron organizaciones religiosas y prohibieron más de 16.500 procesiones y actividades de culto desde 2018. Solo en Semana Santa de ese año desplegaron 14.000 policías para impedir celebraciones públicas y bloquearon la importación de Biblias.
Cmmr @StephenSchneck: “@SecRubio should designate Nicaragua as a CPC, impose financial sanctions on religious freedom violating officials, and fund foreign assistance programs for Nicaraguan NGOs documenting FoRB violations to support accountability.” https://t.co/kur5zJb3Mx pic.twitter.com/ep92CWjRzE
— USCIRF (@USCIRF) March 18, 2026
Aunque los ataques visibles disminuyeron, la USCIRF atribuye el descenso al miedo generalizado de las víctimas y la ausencia de prensa independiente.
Entre los casos más graves destacan las detenciones del 17 y 18 de julio de 2025 en Jinotepe y Managua. El pastor evangélico Rudy Palacios Vargas y varios familiares fueron encarcelados y luego puestos en arresto domiciliario; el pastor Mauricio Alonso Petri, su esposa, su hijo y el abogado Carlos Cárdenas Zepeda (asesor de la Conferencia Episcopal) también fueron detenidos. Petri y Cárdenas fallecieron bajo custodia policial en agosto de 2025 sin que se aclararan las causas ni se permitieran funerales públicos.
La USCIRF insiste en que estas acciones forman parte de una estrategia centralizada del régimen para eliminar cualquier influencia religiosa independiente y consolidar el control total sobre la sociedad.
