La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo arrancó el año 2026 con 13 donaciones al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, contenidas en la Gaceta Número 2 y el acuerdo presidencial 02-2026, bienes inmuebles que se encuentran todos en el departamento de Managua.
Las propiedades están inscritas bajo los siguientes números de propiedad: BI-9AH8KQI; BI-9AB3N97; BI-9A9VL15; BI-9AFET3P; BI-9A50EDP; BI-9A99W4T; BI-9AFEWZU; BI-XEJOIJ; BI-XETGL9; BI-PUBHDDMBM; BI-9ADJ7CC; BI-2KSVOI2Y; BI-2KSWVWWH.
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Como ha sido una política con bienes confiscados por el régimen a instituciones civiles y religiosas desde 2018, justifican tales donaciones en una supuesta intención de «fortalecer la seguridad social de todos los nicaragüenses, creando políticas y estrategias orientadas a aumentar la cobertura de la seguridad social de los trabajadores y sus familias, y fortalecer la capacidad institucional para la ejecución de proyectos».
Pese a esto, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social no ha rendido cuentas de estos bienes, a qué los ha destinado ni cuál es el beneficio directo para la clase trabajadora del país.
Dictadura entrega 17 inmuebles al Instituto de Seguridad Social en calidad de «donaciones»
Confiscaciones son una práctica de la dictadura
Uno de los casos más recientes de estas confiscaciones fue la inauguración del hospital de San Rafael del Sur, el pasado 27 de diciembre de 2025, en una propiedad que era del periodista y empresario Héctor Briceño, quien llamó «ladrona» a Murillo por anunciar la apertura de este centro asistencial en uno de los bienes que le confiscaron después de expulsarlo de Nicaragua, junto a su familia, por sus críticas al régimen.
“Rosario Murillo nos robó incluyendo eso donde están inaugurando ese hospital con bombo y platillo, sin mencionar que fue a punta de fusil y aka que nos sacaron el 24 de noviembre del año pasado a mi familia y a mi persona y nos desterraron y nos sacaron con la ropa que andábamos puestos ese domingo 24 de noviembre de 2024”, dijo Briceño en declaraciones a 100% Noticias, tras al anuncio de la codictadora un día antes de la inauguración del hospital.
En su informe de febrero de 2025, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) recordó que la Asamblea Nacional del país, el Ministerio del Interior y la Procuraduría de Justicia son tres de las instituciones que han cooperado con las confiscaciones en el país centroamericano.
«La Asamblea Nacional y el Ministerio del Interior han cancelado por la fuerza la personalidad jurídica de al menos 5.437 organizaciones sin fines de lucro desde diciembre de 2018, 1.939 desde marzo de 2024. A la mayoría de las organizaciones también se les confiscaron sus bienes, medidas que se implementaron con el apoyo de la Procuraduría General de la República», recordaron.
