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Un tribunal de justicia en Quito sentenció a 19 años de privación de libertad a Jonaike José M. S., de 45 años, tras hallarlo culpable del delito de tenencia y porte de armas de uso privativo de la fuerza pública.
La resolución, informada por la Fiscalía General del Estado, incluye una multa de 600 salarios básicos unificados y la disposición de expulsar al ciudadano extranjero del territorio ecuatoriano una vez que finalice el cumplimiento de su condena en prisión.
Los hechos que motivaron esta sanción ocurrieron la madrugada del 27 de febrero de 2025 en el sector de la Ferroviaria, al sur de la capital. Según el reporte oficial, una alerta del sistema ECU 9-1-1 movilizó a efectivos policiales hacia un vehículo donde una víctima denunció un intento de asalto bajo amenazas de muerte.
El agresor, al percatarse de la presencia de las autoridades, inició una huida que derivó en una persecución directa contra los agentes del orden.
Detalles del operativo y captura
Durante el escape, el ahora sentenciado sacó un arma de fuego de su cintura y apuntó contra los uniformados que lo perseguían. No obstante, los agentes lograron neutralizarlo y proceder con su aprehensión inmediata.
En el registro físico del sospechoso, se encontró el armamento que presentaba características específicas de las unidades de seguridad estatal, lo que agravó su situación jurídica desde el inicio de la instrucción fiscal.
A pesar de que el procesado argumentó ante el tribunal que había encontrado el objeto en un depósito de desechos en el sector de la Villaflora, dicha versión careció de sustento probatorio.
La Fiscalía enfatizó que el hallazgo fortuito no anula la responsabilidad legal que implica llevar consigo elementos de dotación restringida, especialmente cuando se utilizan para intimidar a ciudadanos y autoridades de control.
Evidencias técnicas y marco legal
Las pruebas periciales fueron determinantes para establecer la condena. Expertos en revenido químico confirmaron que el arma poseía grabada la inscripción «Servir y Proteger» y que su número de serie original había sido modificado intencionalmente con una lima para impedir su rastreo.
Estas características confirmaron que el artefacto pertenecía a los inventarios de dotación de la Policía Nacional, un recurso prohibido para la tenencia civil.
La decisión de los jueces se fundamentó en el artículo 360.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta normativa establece que el porte de armamento reservado para las Fuerzas Armadas o la Policía se sanciona con penas de entre 19 y 22 años de cárcel.
