La activista nicaragüense y una de las «Madres de Abril», Yadira Córdoba, exigió su libertad y deportación tras llevar 40 días presa en una cárcel de San Antonio, Texas, donde un juez rechazó su caso de asilo.
En una llamada grabada, a la que tuvo acceso el medio 100 % Noticias, la activista y madre del joven asesinado en las protestas contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en 2018, Orlando Córdoba, la mujer demandó que se cumpla con el proceso de deportación.
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“Me están violentando mi derecho a la libertad, yo solicito que el ICE me de mi libertad inmediata porque es un derecho que yo ya tengo, yo ya cumplí con los requisitos que ellos querían, ya pasé una corte ya pagué con todos los requisitos que ellos querían que yo pagara en detención por haber cruzado como inmigrante”, dijo Córdoba en esa comunicación.
Desde que la detuvieron hace más de un mes, Córdoba firmó su orden de deportación pero aún no se ha cumplido el proceso por el que Estados Unidos la expulsaría de ese país con destino a Honduras, ya que no puede volver a Nicaragua por los riesgos de que sufra persecución por parte del régimen sandinista.
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Juez rechazó el asilo de Córdoba
A inicios de noviembre de 2025, cuando rechazaron su caso de asilo pese al asesinato de su hijo hace ya siete años, aún no le dicen cuándo ni a dónde la enviarán, ello solo exige su liberación al denunciar las condiciones en las que se encuentra.
“Necesito que me saquen ya de aquí no importa dónde me manden, pero yo necesito salir de aquí, que me manden para México, porque saben muy bien que realmente mi historia es real yo no estoy inventando ninguna historia yo no puedo llegar a Nicaragua pero tampoco puedo estar presa”, cita por su parte el medio Confidencial que también tuvo acceso a un audio de la activista.
Córdoba llegó a Estados Unidos en el año 2023 tras huir de la persecución y violencia en Nicaragua. A pesar de que comenzó su proceso de asilo, en agosto pasado funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) la detuvieron. En noviembre un juez rechazó su solicitud, por lo que se mantiene a la espera de que la deporten.
Antes de vivir en Estados Unidos, los últimos dos años, se vio forzada a exiliarse en Costa Rica después del asesinato de su hijo de apenas 15 años. Y aunque esperaba tener la protección del país norteamericano, los controles migratorios estrictos impuestos por Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado, le impidieron que le dieran el asilo.
Pese a la persecución que existe en Nicaragua contra la disidencia política, demostrado en informes de organizaciones internacionales y de que EEUU decidió imponer aranceles graduales al régimen a partir de 2026 por las masivas violaciones a los derechos humanos de la población, no le dieron la protección que pidió.
