Los municipios deben emprender una evaluación y corrección de las áreas regeneradas. No basta con inaugurarlas y exhibirlas como símbolo de progreso para después abandonarlas. Estos espacios requieren mantenimiento y cuidados permanentes.
Cuando el mantenimiento falla, la inversión pública se devalúa y el ciudadano pierde confianza en las instituciones y las autoridades. El deterioro visible es una muestra de descuido institucional y ausencia de control técnico sostenido.
Las obras de regeneración urbana buscan recuperar áreas, dinamizar el comercio y fortalecer el turismo local. En ciudades como Portoviejo y Manta se han destinado recursos significativos a estos proyectos; sin embargo, en algunos sectores persisten cables sin soterrar, señalización deficiente y daños en infraestructura. Desde luego, tales problemas reducen la funcionalidad y se contraponen a lo planificado.
Lo lógico es que si se invierten millones de dólares en remodelación, debe garantizarse una partida anual para el mantenimiento. Además, debe cumplirse una supervisión técnica periódica, con lo que se evita que pequeñas fallas se conviertan en reparaciones costosas.
Los municipios tienen la competencia y la obligación de proteger estos espacios. Dejar que se dañen es desperdiciar recursos públicos.
