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El presidente Daniel Noboa firmó la noche del sábado 28 de febrero de 2026 un nuevo decreto que renueva el estado de excepción por 30 días más, por grave conmoción interna en nueve provincias y tres cantones de Ecuador.
La medida rige desde el domingo 1 de marzo de 2026 y se sustenta en informes de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que alertan sobre la operación de grupos de delincuencia organizada en esos territorios.
El decreto establece la aplicación de la medida en las provincias de Los Ríos, Manabí, Santa Elena, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, así como en los cantones La Maná (Cotopaxi) y Las Naves y Echeandía (Bolívar).
La decisión responde a reportes oficiales sobre hechos violentos y actividades delictivas registradas en estas jurisdicciones.
De acuerdo con el documento, se dispone la suspensión de los derechos de inviolabilidad de domicilio y correspondencia, conforme a lo establecido en la normativa vigente para este tipo de declaratorias excepcionales.
Provincias y cantones bajo la medida
El estado de excepción se aplica en territorios donde, según el decreto, se han identificado operaciones de grupos de delincuencia organizada. Los informes de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional detallan acciones vinculadas con estructuras criminales, enfrentamientos y otros hechos de violencia.
En el documento se enumeran al menos 35 hechos violentos ocurridos en las provincias y cantones incluidos en la declaratoria. También se mencionan noticias relacionadas con la detención de integrantes de bandas criminales, así como el decomiso de armas, municiones y droga.
La renovación de la medida se enmarca en el contexto de seguridad nacional y en la facultad del Ejecutivo de declarar estado de excepción cuando existen circunstancias que afecten el orden interno, según lo previsto en la Constitución y la ley.
Informes oficiales y cifras de emergencias
El decreto cita además un informe del ECU 911, sistema integrado de seguridad, que registra 87 473 emergencias gestionadas en el marco del estado de excepción. De ese total, 226 llamadas estuvieron relacionadas con muertes violentas, según el reporte oficial.
Estas cifras forman parte de los argumentos técnicos utilizados para justificar la continuidad de la medida en las provincias y cantones señalados.
El documento señala que la evaluación se basa en información recopilada por los organismos de seguridad y atención de emergencias.
La decisión de renovar el estado de excepción implica la continuidad de operativos conjuntos entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional en las zonas intervenidas, con el objetivo de mantener el control del orden público y enfrentar las actividades de organizaciones delictivas.
Contexto de la declaratoria
El estado de excepción es un mecanismo constitucional que permite al Ejecutivo adoptar medidas extraordinarias ante situaciones calificadas como grave conmoción interna, desastres naturales u otras circunstancias que comprometan la seguridad del Estado.
En este caso, la declaratoria y su renovación se sustentan en reportes oficiales que detallan la presencia y operación de estructuras criminales en varias provincias del país, así como en estadísticas relacionadas con hechos violentos y emergencias atendidas por el sistema nacional.
Con la entrada en vigencia del decreto desde el 1 de marzo de 2026, las disposiciones se aplican de manera inmediata en los territorios señalados, bajo supervisión de las autoridades competentes y conforme a los límites establecidos por la normativa vigente.
