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Dos semanas después de la censura y destitución de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) por parte de la Asamblea Nacional, con 148 votos a favor. El organismo continúa funcionando de manera incompleta bajo la presidencia encargada de Damián Larco.
La medida, adoptada el 18 de febrero por «manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones», deja al CJ a la espera de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) designe un vocal principal y un suplente.
A pesar de la renuncia irrevocable de Mario Godoy horas antes de la decisión legislativa, el pleno de la Asamblea procedió con la destitución. Larco, quien ya actuaba como reemplazo temporal desde diez días previos, asumió la presidencia encargada. El CJ ha mantenido sus operaciones, tramitando expedientes administrativos, sancionando jueces, fiscales y abogados, y adoptando medidas de seguridad para un juez anticorrupción que denunció amenazas.
Operaciones en curso y decisiones recientes
Entre las últimas resoluciones del pleno, integrado por Larco y los vocales Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros y Fabián Fabara, se encuentra la suspensión preventiva por 30 días sin sueldo de la jueza de la Unidad Penal de Pichincha, Daniela Ayala.
Esta medida se tomó en relación con el caso Magnicidio FV, donde se procesa a los autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Ayala presentó su excusa para continuar al frente del proceso.
Larco defendió la decisión como un ejercicio legítimo de la potestad constitucional del CJ, ante elementos que evidencian posible infracción gravísima y dolo en la actuación de la jueza, vinculada a estructuras de delincuencia organizada. «Esta decisión no es un acto aislado ni responde a presiones coyunturales», señaló el presidente encargado.
Proceso de designación y terna enviada
El presidente de la CNJ, Marco Rodríguez, remitió el 12 de febrero una terna para el suplente de Alexandra Villacís, inhabilitada por el Ministerio del Trabajo. La lista incluye a la jueza nacional Mercedes Caicedo, el juez provincial Óscar Chamorro González y la funcionaria pública María Morejón Villavicencio. Tras la salida de Godoy, el CJ solicitó activar el proceso para el vocal principal.
En el CPCCS se evalúa un informe jurídico para unificar la selección del suplente y el vocal principal desde la misma terna, con el fin de agilizar la designación. Los vocales del CJ, próximos a cumplir seis meses en funciones, han defendido la elección temporal de Larco por su perfil en administración pública, descartando influencias políticas relacionadas con su paso por el Servicio de Rentas Internas (SRI) o el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN).
Defensa del perfil de Larco y estabilidad institucional
Fabián Fabara destacó que Larco es economista con título de cuarto nivel y que la normativa no exige ser abogado para presidir el CJ, enfocado en dirección administrativa. Criticó estigmas como llamarlo «estudiante de derecho» y enfatizó la necesidad de perspectivas actualizadas en derecho constitucional y el Código Orgánico de la Función Judicial.
Alfredo Cuadros explicó que la designación evita acefalía, permitiendo resolver expedientes disciplinarios sin prescripciones. Magaly Ruiz subrayó la experiencia administrativa de Larco para abordar problemas económicos en la administración de justicia, complementada por los perfiles jurídicos de los otros vocales.
