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Un grupo de veedores ciudadanos renunció el 2 de abril de 2026 al concurso para elegir Fiscal General del Estado en Ecuador, liderado por el CPCCS, tras denunciar falta de garantías, presiones políticas y problemas en la fase de admisibilidad.
Un grupo de veedores ciudadanos abandonó el proceso de selección del nuevo Fiscal General del Estado. La decisión se conoció este 2 de abril de 2026. El coordinador Hugo Arteaga y la subcoordinadora Rocío Espinosa lideraron la salida.
Los veedores señalaron una grave falta de institucionalidad dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Además, alertaron sobre presiones políticas. Indicaron que estas afectan la transparencia del concurso. Arteaga explicó que el grupo detectó irregularidades en la fase de admisibilidad. Esa etapa definió qué postulantes continuaban en el proceso. Los veedores cuestionaron que no se les permitió verificar los resultados.
Irregularidades en el CPCCS detonaron las renuncias
Según los denunciantes, el CPCCS no permitió una vigilancia adecuada. Arteaga indicó que el organismo excluyó a la veeduría en un momento clave del proceso. Esa situación generó dudas sobre la legalidad del procedimiento. «Suponíamos que nos iban a entregar el resultado de cuántos postulantes pasaban y eso no sucedió. Se hizo público sin que tuviéramos la oportunidad de cruzar la información», afirmó Arteaga.
El excoordinador también cuestionó posibles incumplimientos judiciales. Mencionó el caso relacionado con la Judicatura y Alexandra Villacís. Señaló que estos antecedentes generan preocupación sobre el respeto a decisiones legales. Los veedores indicaron que la falta de acceso a información limitó su trabajo. Además, afirmaron que tuvieron que realizar protestas para participar en etapas previas. Esa situación evidenció obstáculos operativos dentro del proceso.
Falta de garantías en la selección del Fiscal General
En su carta de renuncia, el grupo detalló varias preocupaciones. Entre ellas constan problemas en el acceso a documentos y dudas sobre la independencia del concurso. Los veedores denunciaron bloqueo de información. Indicaron que los informes de revisión de carpetas no fueron entregados. Esa limitación impidió verificar el cumplimiento de requisitos por parte de los postulantes.
También señalaron falta de independencia. Advirtieron que el proceso podría estar influenciado por intereses externos. Compararon la situación con crisis recientes en otras instituciones del Estado. Otro punto clave fue la existencia de obstáculos operativos. Los veedores afirmaron que debieron exigir su presencia en varias fases. Consideraron que esas trabas afectan la transparencia del concurso.
Estado actual del concurso para Fiscal General
El proceso continúa en la fase de admisibilidad y reconsideración. La Comisión Ciudadana de Selección evaluó a los aspirantes en una primera revisión. Según datos oficiales, 27 de los 75 postulantes cumplieron con los requisitos legales. Ese resultado marcó el avance hacia las siguientes etapas del concurso.
Los aspirantes no admitidos tuvieron plazo hasta el 1 de abril de 2026 para presentar reclamos. Luego, la comisión deberá resolver estas solicitudes antes de avanzar. El proceso seguirá con la fase de calificación de méritos. Sin embargo, esta etapa se desarrollará sin la participación del grupo de veedores que presentó su renuncia.
La salida de estos ciudadanos deja el concurso sin un sector crítico de vigilancia. Además, mantiene el debate sobre la transparencia en la designación del Fiscal General del Estado.