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La comisión ciudadana encargada del concurso para elegir al nuevo Fiscal General del Estado inició, con cuatro días de retraso, la verificación de requisitos de 75 candidatos el 10 de marzo de 2026. El proceso, marcado por una comisión incompleta, renuncias y dudas sobre transparencia, responde a la necesidad de reemplazar a la exfiscal Diana Salazar para un período de seis años, bajo el auspicio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
De acuerdo con diario El Universo, el reglamento establece que, tras el cierre de postulaciones el 3 de marzo, la Secretaría General del CPCCS debe entregar los expedientes en un día, seguido de diez días para revisión y tres para el informe de admisibilidad. Sin embargo, la entrega ocurrió el 9 de marzo, y la reunión de trabajo se instaló este martes para distribuir las carpetas entre los comisionados.
?️En marcha fase de admisibilidad de los postulantes a Fiscal General del Estado.
?Con la vigilancia activa de la ciudadanía, la Comisión revisa, en cada expediente, el cumplimiento de los requisitos establecidos. pic.twitter.com/7WXz4pwUso
— Participa Ecuador (@CpccsEc) March 10, 2026
Retrasos y composición incompleta de la Comisión
La comisión, compuesta por diez miembros —cinco de la ciudadanía y cinco delegados de funciones estatales—, opera sin representante de la Función Judicial. La semana pasada renunció Natalia Guarnizo, reemplazada por Santiago Ribadeneira, quien también dimitió este lunes. Ambos eran funcionarios de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Previamente, Wellington Andachi fue destituido por ausencias debido a un derrame cerebral.
En dos meses de funcionamiento, se registran dos renuncias y una destitución. A pesar de su renuncia, Ribadeneira asistió a la reunión pero se abstuvo de recibir expedientes. Las 75 carpetas se repartieron: seis comisionados revisan ocho cada uno, y tres evalúan nueve.
Los perfiles destacados, como el del fiscal subrogante Leonardo Alarcón Argudo, quedaron a cargo de comisionados ciudadanos, como Erika Aguagüiña, graduada en 2021 y exasesora legal en Ambato.
Asignaciones específicas y reclamos de veeduría
El expediente de José de la Gasca, exministro de Gobierno y excandidato en 2018, lo revisa Hugo Ludeña, excandidato al CPCCS en 2019. La jueza Daniella Camacho, de la CNJ, es evaluada por Cynthia Jacho, abogada desde 2022 con experiencia en estudios jurídicos.
La jornada incluyó tensiones con la veeduría ciudadana, integrada por 324 observadores sin voz ni voto. Reclamos surgieron por logística: el CPCCS prometió un espacio en el antiguo edificio en Santa Prisca, pero ubicó a la comisión en una oficina pequeña en la nueva sede norte de Quito, citando seguridad.
Preocupaciones por transparencia y logística
Hugo Arteaga, coordinador de la veeduría, cuestionó el inicio con comisión incompleta y demoras en la entrega de expedientes, sin mecanismos claros de vigilancia entre el 4 y 9 de marzo. Julio Aguilar, secretario, expresó preocupación por la falta de foliación certificada y traslados desde provincias como Santo Domingo de los Tsáchilas.
Inicialmente, veedores exigieron acceso para observar la revisión, generando intercambios acalorados. Frases como «Sin veeduría no hay concurso» y reclamos mutuos marcaron el debate. Delegados como David Flores, del Ministerio de Desarrollo Humano, y Christian Arpi pidieron espacio para trabajar. Finalmente, algunos veedores se unieron a la revisión en jornada extendida.
