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Tras cumplirse el toque de queda que tuvo una duración de 15 días en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, las estadísticas revelan que la mayoría de las detenciones corresponden a ciudadanos que infringieron la restricción de movilidad y no a capturas de objetivos criminales de alto valor. En un espacio de diálogo de Manavisión Plus, el abogado constitucionalista Alfredo Escobar, analizó la situación de seguridad que atraviesa el país tras dos semanas de restricciones.
-Abogado, ¿qué tan justificada está la restricción de libertades frente a los resultados obtenidos? ¿Es necesaria para combatir el crimen?
Lo primero que deberíamos tener en consideración es que este toque de queda inicialmente pintaba como un golpe duro al narcoterrorismo, pero lamentablemente no se ven o no se han informado los resultados que se esperaba. En otros espacios se ha dado salvoconductos; en esta ocasión no se dio, y en algunos sectores de la economía sí se vio una afectación importante.
El índice de criminalidad en las provincias donde existe un toque de queda va a reducir seguramente, porque si el gobierno ya tenía datos de que en ciertas franjas se cometían crímenes y durante esas horas se eliminó el tránsito, es probable que las cifras reduzcan. Más allá de las cifras, hay que ver las acciones que sigue articulando el gobierno, porque el toque de queda definitivamente no fue una medida tan efectiva como la de la inviolabilidad de domicilio.
-¿Cree usted que el haber anunciado esta restricción con «bombos y platillos» dio oportunidad para que bandas criminales puedan ir a otras provincias y establecerse allá para no ser capturados? Se vio que la fuerza pública realizó allanamientos en casas donde no habitaba nadie.
Sí, lo comparto en parte. Si el toque de queda se anunció con anticipación, no es una medida que se pueda imponer de un momento a otro sin comunicarlo. No compartiría un toque de queda sorpresa porque ciertos sectores de la economía tenían que reorganizar sus actividades. Lo que creo es que, una vez comunicado, si existía inteligencia que estaba haciendo seguimiento a ciertos grupos, tenían que seguir con ese seguimiento y controlar en fronteras.
Ya se ha dado hasta nombres de organizaciones donde se encuentran delincuentes habitando en la Isla Mocolí, por ejemplo, y todavía no se han visto hechos contundentes. Falta mucho por hacer: coordinación, dotar a la policía de inteligencia y armamentos, y tomar acciones contra el movimiento de dinero para atacar el lavado de activos. Si se les complica el movimiento del dinero, es la forma más importante en la que se los puede golpear.
-¿Cree usted que se debe juzgar a los infractores del toque de queda según lo que establecía el decreto que aplicó la medida?
Es una excelente pregunta y es una parte que nadie quiere tocar. Efectivamente, la mayor cantidad de personas detenidas no son delincuentes, son personas sin antecedentes, en muchos casos hasta personas que incluso el jefe lo obligaba. Conozco que de un grupo de 200 personas, en algunos casos los informes de la policía no llegaron y quedaron en libertad, pero los procesos penales siguen abiertos.
El gobierno no tuvo prevención de qué iba a pasar con toda esta gente que, al final, sí termina siendo un incumplimiento de orden de autoridad y tiene una sanción de 1 a 3 años. No hay forma de que el gobierno diga «perdono a estas personas o se dé una amnistía», porque para eso tiene que haber sentencias de todos. Cometieron un delito y van a tener que ser procesados y sentenciadas.
-¿Qué se puede hacer ahí? Si se aplica un nuevo toque de queda y no hay estos procesos de juzgamiento, ¿qué hacer para que no se repita esta situación? ¿Debe aplicarse la emisión de salvoconductos o qué?
Situaciones importantes, si el gobierno considera mantener toques de queda, deberían hacer un análisis con lo que ya ocurrió y establecer salvoconductos. Si estos procesos judiciales terminan siendo efectivos, vamos a tener a 800 personas más en la cárcel que ocasionarían hacinamiento.
El gobierno debe ver lo que ocurrió; la Corte Constitucional en su dictamen ya les dijo que el toque de queda es una medida constitucional, pero siempre tiene que tener una motivación suficiente y ser proporcional. El gobierno debería reajustar los nuevos decretos tomando en cuenta esos puntos; si no, creo que sería muy probable que en unos próximos toques de queda el dictamen de la Corte no sea favorable.
-Si bien contamos con fuerza pública activa, el sistema falla cuando los jueces liberan a los capturados. Mirando experiencias como Colombia o Italia, ¿cómo han logrado que el Poder Judicial y la Fiscalía se alineen con la estrategia de seguridad sin sucumbir a la corrupción?
Hay varias situaciones que podrían funcionar, como los jueces sin rostro para que no se conozca quiénes están procesando y evitar negociaciones irregulares o atentados. Lamentablemente, lo que se debe trabajar en primera instancia es la estructura de la función judicial. No tiene sentido poner jueces sin rostro si el juez igual es corrupto y busca a la persona procesada para llegar a un acuerdo.
Tras los casos ‘Metástasis’ y ‘Purga’ se esperaba un saneamiento total de la función judicial que no ha ocurrido. Hay que poner a los jueces más probos como parte de jueces especiales. El gobierno tiene abiertos varios frentes: la calle, la función judicial y el frente político. Está transitando por un camino muy complejo.
-El CNE adelantó las elecciones seccionales de febrero de 2027 a noviembre de 2026, alegando riesgos por el Fenómeno del Niño. ¿Es una decisión preventiva o es una maniobra de cálculo político?
Me apenó ver entrevistas de los titulares del CNE porque no supieron defender su decisión, que parcialmente sí tiene una defensa. El calendario electoral es parte de la función legal del CNE. Sin embargo, en todas las decisiones que tome, tiene que ver que no se afecten derechos constitucionales como el derecho de elegir y ser elegido.
En este caso, por los calendarios de las organizaciones políticas, el derecho de ser elegido sí se va a ver afectado ineludiblemente. Considero que la decisión es legal, pero en el fondo va a afectar derechos constitucionales y es muy probable que la Corte Constitucional la vaya a echar abajo por inconstitucional.
