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El presidente de la República firmó el reciente Decreto Ejecutivo número 329 para establecer medidas en zonas de crisis. Este documento oficializa la imposición de un toque de queda en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas. La normativa gubernamental busca frenar el avance de la grave conmoción interna que enfrenta el país limitando la movilidad de los ciudadanos durante la noche. La fecha oficial estipulada para el comienzo de esta restricción es el 15 de marzo de 2026, y se mantendrá hasta finalizar la actual etapa de excepción.
Para fundamentar esta decisión, Daniel Noboa se basa en reportes de entidades estatales. Según el Informe de Inteligencia No. STIE-DOAIE-SD_IE-26-003, del 5 de marzo de 2026, los homicidios múltiples y ataques se concentran entre las 23h00 y las 05h00. Además, el Ministerio del Interior presentó documentos que afirman que la escalada delincuencial requiere suspender de manera focalizada la libertad de tránsito. El Gobierno argumenta que limitar a la población permite a las fuerzas conjuntas del orden recuperar el control y desarticular a los grupos criminales organizados de forma táctica. El toque de queda se plantea, por ende, como la respuesta primaria del Ejecutivo.
Contraste numérico y contradicciones temporales
Sin embargo, desde una perspectiva, la revisión de la estadística sobre muertes violentas del mes de enero de 2026 revela una notoria contradicción con el sustento del decreto. Los registros oficiales demuestran que la hora más frecuente en la que ocurren los asesinatos en estas jurisdicciones no se encuentra dentro del horario restringido. Por ejemplo, en Guayas el pico es a las 20h00, mientras que en El Oro la mayor cantidad de crímenes ocurre a las 22h00. En Los Ríos y Santo Domingo, las horas de mayor letalidad son las 17h00 y las 18h00 respectivamente. Estas cifras cuestionan la premisa de que el toque de queda de 23h00 a 05h00 cubre el momento de máximo riesgo.
Pese a la incongruencia de los picos horarios, los datos del mismo periodo muestran que sí existe una cantidad relevante de homicidios durante la madrugada. Específicamente, en las franjas intervenidas por el toque de queda, ocurrieron 159 muertes violentas entre las 23h00 y las 05h00. En Guayas se registraron 104 muertes en ese horario, abarcando casi un tercio de su letalidad mensual, mientras que Los Ríos y El Oro sumaron 30 y 22 fallecidos, respectivamente. Finalmente, Santo Domingo de los Tsáchilas reportó 3 muertes en esta franja de alta peligrosidad.
Perfil demográfico y excepciones legales
La cifra de homicidios intencionales del Ministerio del Interior identifica claramente el perfil demográfico predominante entre las víctimas de esta ola de inseguridad que origina el toque de queda. Los datos confirman que la inmensa mayoría de fallecidos son hombres en edad adulta, reportándose 303 en Guayas, 88 en Los Ríos y 82 en El Oro durante enero de 2026. Asimismo, es relevante indicar que no se registró ninguna fatalidad entre niños menores de 12 años en estas cuatro provincias, aunque sí existen algunos adolescentes afectados. Adicionalmente, el registro del Estado muestra que 12 casos en Guayas y 3 en El Oro tienen edad indeterminada, documentados como SIN_DATO.
En cuanto a las consideraciones operativas del toque de queda, el texto del decreto puntualiza que la suspensión de circulación aplicará todas las madrugadas durante el estado de emergencia decretado. No obstante, se establecen expresamente excepciones destinadas a mantener el normal funcionamiento del país. Los servicios de salud de la red pública y privada, así como las entidades complementarias y de gestión de riesgos, tienen libertad para transitar. Quienes estén dentro de estos grupos deben estar preparados para presentar la debida acreditación documental si los agentes de seguridad así lo demandan durante las horas de la restricción.
Conclusiones sobre la medida y proyecciones
La imposición del toque de queda responde a una postura firme del alto mando de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para limitar los espacios de maniobra de las mafias. El discurso gubernamental insiste en que restringir el paso de peatones y conductores civiles reduce las probabilidades de que personas inocentes resulten heridas como víctimas colaterales. Sin embargo, frente al contraste evidente que plantean las estadísticas de enero, la efectividad real dependerá de qué tanto logre impactar la estructura logística nocturna de los criminales.
La severidad del toque de queda impacta directamente las libertades civiles en las provincias de la costa. Aunque la Constitución faculta al presidente a tomar estas medidas para combatir la grave crisis.
