Las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que están en vigencia desde el pasado 23 de febrero, establecen que los municipios y las prefecturas tienen hasta 2028 para lograr que el 70 % de sus presupuestos se destine a inversión y el 30 % a gasto corriente.
Una de las razones que motivó estas reformas, según los proponentes, fue que la mayoría de estos gobiernos seccionales destinaban entre el 60 % y el 70 % a gasto corriente; es decir, todo lo contrario a lo que determinan las reformas.
Jipijapa es uno de los municipios que se encuentra en este rango. Gran parte de su presupuesto se destina al pago de la nómina, la cual no puede disminuir porque hay muchas personas próximas a jubilarse; sin embargo, por falta de recursos, no puede cumplir con este trámite, que es un derecho de ellos. Con este panorama, a Jipijapa se le hace difícil cumplir lo que determinan las reformas, ha dicho Plúa.
Lamentablemente, esta es la realidad del promedio de los 221 municipios y 24 prefecturas del país. La irresponsabilidad de las autoridades de turno ha inflado las nóminas, respaldadas en la «autonomía» que les otorgó el COOTAD antes de las reformas.
El caso de Jipijapa no está alejado de la mayoría de municipios. Sí, es verdad: es necesario frenar la «autonomía» de los gobiernos seccionales. De no hacerlo, muchos de ellos estarán al límite de su capacidad operativa por el poco recurso que les queda para obras, debido al arrastre de administraciones que han gobernado sin planificación ni responsabilidad.
Algunos analistas advierten que modificar el COOTAD sin una evaluación integral del proceso de descentralización podría generar superposición de competencias o nuevas tensiones institucionales. Además, existe preocupación sobre cómo las reformas podrían afectar el equilibrio entre autonomía local y control estatal, especialmente en temas relacionados con planificación territorial, contratación pública y gestión de servicios.
En este escenario, el principal desafío consiste en lograr reformas que fortalezcan la gobernanza local sin debilitar los mecanismos de control y transparencia. Un COOTAD actualizado podría mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos locales frente a problemas como la expansión urbana, la gestión ambiental o la provisión de servicios básicos. No obstante, el éxito de cualquier reforma dependerá no solo de los cambios legales, sino también de la capacidad institucional y financiera de los GAD para asumir nuevas responsabilidades.
