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La Procuraduría General del Estado presentó un pedido de aclaración y ampliación de 17 páginas a la Corte Constitucional. El pedido es sobre la sentencia del caso 1732-25-EP/26, en el que se declaró al Estado responsable de la desaparición forzada de Josué, Ismael, Steven y Nehemías, los cuatro niños de Las Malvinas.
El documento, suscrito por el delegado del procurador Jorge Albornoz, solicita que la Corte explique 13 puntos específicos y amplíe dos aspectos sobre las medidas de reparación ordenadas. La diligencia se conoce días después de que la sentencia fuera emitida el 10 de marzo de 2026.
Procuraduría acusa invasión de competencias y desnaturalización del hábeas corpus
Según diario Expreso, la Procuraduría argumenta que la Corte Constitucional invadió competencias que no le corresponden y desnaturalizó el hábeas corpus, recurso cuya finalidad es verificar la legalidad de una privación de libertad o proteger la vida de los aprehendidos.
Entre los puntos solicitados para aclarar figuran: cómo se justifica declarar una desaparición forzada dentro de una acción de hábeas corpus; el fundamento para crear la categoría de «desaparición forzada constitucional», inexistente en la Constitución, la ley y el derecho internacional.
Cuestionan vulneración al juez natural y estándares probatorios
También pide explicación sobre el uso de estándares probatorios de garantías jurisdiccionales (valoración de probabilidad, inversión de carga de la prueba y presunciones) para declarar el delito. Pese a que en el proceso penal rige la prueba más allá de toda duda razonable.
La entidad cuestiona además cómo la sentencia no afecta la presunción de inocencia, el derecho al doble conforme ni el recurso de apelación, al calificar jurídicamente los hechos y fijar conclusiones antes de que exista sentencia penal ejecutoriada.
Medidas de reparación y presión sobre jurisdicción penal
Otro punto es la compatibilidad del análisis con el objeto del hábeas corpus instructivo delimitado por la propia Corte y si su pronunciamiento genera presión indebida sobre la jurisdicción penal.
Respecto a la ampliación, la Procuraduría solicita que se explique la relación directa de las medidas de reparación con el derecho a la verdad y por qué se dirigen a entidades que no fueron parte procesal, como el Ministerio de Economía y Finanzas, la Asamblea Nacional y gobiernos autónomos descentralizados, cuando la sentencia afirma que no determina responsabilidades individuales.
Contexto tras cuestionamiento público del secretario jurídico presidencial
El secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, había señalado el 11 de marzo que la Corte «se sale de lo que significa el hábeas corpus y expande sus atribuciones», generando posible controversia jurídica.
La Procuraduría General del Estado defiende que el fallo anticipa conclusiones propias del proceso penal y asigna responsabilidad estatal sin sentencia ejecutoriada. La Corte Constitucional deberá responder las aclaraciones solicitadas para definir el alcance de su decisión.
