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El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, advirtió que la reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (Lootugs), en debate en la Asamblea Nacional del Ecuador, podría beneficiar intereses particulares, afectar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y modificar la planificación territorial en el país.
La reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo plantea cambios en la forma de planificar, aprobar y ejecutar el uso del suelo. La normativa incorpora proyectos de vivienda dentro de la planificación nacional.
Además, introduce la categoría de proyectos nacionales estratégicos de vivienda, que podrán ser priorizados en el territorio. Esta disposición busca acelerar el desarrollo habitacional en distintas zonas del país. Muñoz señaló que la propuesta se impulsa sin la participación de las alcaldías. «Se evidencia una falta de diálogo con los territorios», afirmó el alcalde, al referirse al proceso legislativo en curso.
Riesgos en el uso del suelo y autonomía municipal
El alcalde explicó que uno de los principales riesgos es la posibilidad de modificar el uso del suelo sin una adecuada planificación técnica, lo que podría afectar el desarrollo ordenado. También advirtió que la reforma permitiría que intereses privados influyan en decisiones territoriales. «Podría beneficiar intereses particulares por sobre el derecho a la ciudad», sostuvo.
Además, indicó que los GAD podrían verse obligados a indemnizar a privados por supuestos derechos perpetuos, cuando se actualicen los planes territoriales, lo que generaría una carga económica adicional para los municipios.
Ampliación de competencias de la SOT
Muñoz expresó preocupación por la ampliación de funciones de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Según dijo, la entidad podría recibir facultades para emitir licencias y títulos habilitantes. El alcalde consideró que estas atribuciones exceden su rol de control. «Se le estaría otorgando competencias que no le corresponden», afirmó en su pronunciamiento.
También alertó que la reforma permitiría imponer sanciones económicas a los GAD de hasta el 3 % de su presupuesto anual, lo que en el caso de Quito podría superar los 11 millones.
Llamado al análisis legislativo
El alcalde hizo un llamado a los asambleístas para que analicen el contenido de la reforma antes de su aprobación. Señaló que es necesario evaluar los impactos en la planificación territorial. Asimismo, insistió en la importancia de incluir a los gobiernos locales en el debate. Indicó que la normativa podría incidir en la estabilidad de las autoridades locales.
Finalmente, reiteró que la discusión debe considerar criterios técnicos y el respeto a la autonomía territorial. «Es clave garantizar el derecho a la ciudad y la planificación ordenada», concluyó.
