Existe una sentencia, de hace varias semanas, emitida por la jueza Viviana Pila, que ordenó levantar el impedimento inventado en contra de Alexandra Villacís, para que no asuma la Presidencia del Consejo de la Judicatura. El Art. 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional determina que la sentencia no puede suspenderse aunque exista apelación, que no se conoce que hubiese sido presentada.
El Art. 282, inciso primero, del COIP, establece que el desacato entraña prisión de uno a tres años. Existe usurpación de funciones por quien ejerce en forma ilegal dicha Presidencia del Consejo de la Judicatura, que de acuerdo al Art. 287 al COIP implica prisión de uno a tres años. Si se verifica que el informe del Ministerio de Trabajo entraña falsificación o adulteración, la pena, según el Art. 328 del COIP, implicaría de 5 a 7 años de prisión. Si se establece que existe coordinación y delincuencia organizada, según el Art. 369 del COIP, habría pena privativa de libertad de 7 a 10 años. El Art. 20 del COIP determina que «cuando a una persona le son atribuibles varios delitos autónomos o independientes se sumarán las penas (…)».
Es evidente que atrás de todo el entramado está el gobierno, que posee injerencia decisiva en la Fiscalía General del Estado, que podría aplicar en forma discrecional el Art. 609 del COIP, promulgado en el gobierno de Correa en el 2014, que determina: «El juicio es la etapa principal del proceso. Se sustancia sobre la base de la acusación fiscal». Es decir que si no existe acusación fiscal no pasará nada, no habrá juicio. La impunidad seguiría campante.
El gobierno busca arrasar todo límite e imponer, al costo que sea, su absoluta voluntad al margen de la Constitución y las leyes. Para ello está enfilado, con la colaboración de las entidades y autoridades subordinadas, en desbaratar o subordinar al máximo a la Corte Constitucional.
Los objetivos son obvios. Busca que le aprueben sin problemas todos los tratados y leyes, la constitucionalidad de la explotación minera a pesar de la contaminación irreversible, de las concesiones o privatizaciones de las empresas públicas y sectores estratégicos a favor de las multinacionales, la legitimidad de la deuda pública contraída, el acuerdo militar denominado «Escudo de las Américas» y normas derivadas, el «Convenio Marco para el aseguramiento para EE. UU. de la entrega de tierras raras» suscrita el 4 de febrero, la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Fiscal para arrasar las reservas del IESS y legitimar la deuda obligada con esta entidad que llegaba en el 2025 a USD 27.389 millones, entre otros aspectos.
El país está secuestrado y las instituciones chantajeadas. Pensemos en la necesidad de un Gobierno de Salvación Nacional. Nunca más autoridades proclamadas con fraude por CNE inconstitucionales.
