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La Asamblea Nacional cumplió este miércoles 8 de abril del 2026 su rol de fiscalización al analizar y resolver los informes anuales de labores de ocho autoridades de control del año 2025. En una sesión que inició después de las 10h00, el pleno aprobó siete de los documentos presentados por las comisiones especializadas y rechazó de manera mayoritaria el correspondiente al Consejo de la Judicatura (CJ).
El rechazo se fundamentó en el incumplimiento de obligaciones constitucionales relacionadas con la modernización y eficiencia del sistema judicial. La Comisión de Justicia, tras examinar el informe remitido por el expresidente del CJ Mario Godoy, determinó que ni el documento ni las respuestas a las preguntas legislativas evidencian un enfoque estratégico orientado a las demandas reales de la justicia ecuatoriana. Se destacó el limitado avance en gestión procesal, con apenas el 1,4 % de denuncias penales que llegan a juicio, sin que se implementen medidas correctivas.
Bajo rendimiento en delitos sensibles genera rechazo unánime
Igualmente, se señaló el funcionamiento «en extremo bajo» en casos de alta sensibilidad social, como los femicidios, donde solo el 0,61 % de los procesos culmina en sentencia. Esta cifra contrasta fuertemente con el promedio mundial del 43 % en resolución de homicidios.
La comisión concluyó que estas falencias violan los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución, así como los artículos 254 y 264 del Código Orgánico de la Función Judicial. La moción de no aprobación, presentada por el asambleísta Kevin Gallardo (ADN), recibió 139 votos a favor de un total de 141 legisladores presentes. Godoy presidió el Consejo durante 2025 y fue censurado y destituido en un proceso posterior.
Fiscalía recibe recomendaciones para fortalecer acción penal
En contraste, el informe de la Fiscalía General del Estado fue aprobado con observaciones constructivas. La Comisión de Seguridad Integral instó al organismo a reforzar su capacidad institucional en la persecución de delitos de alta complejidad e incidencia social.
Se recomendó al Ejecutivo y al propio Consejo de la Judicatura incrementar el presupuesto y el talento humano, ante el déficit crónico de agentes fiscales y la saturación del sistema penal.
Adicionalmente, se pidió desarrollar indicadores de gestión orientados a resultados verificables, con datos desagregados sobre judicialización y desenlace de causas. La comisión enfatizó la necesidad de crear espacios permanentes de coordinación entre actores del sistema de justicia para agilizar procesos y mejorar la respuesta ante la criminalidad organizada.
Contraloría y CNE cumplen con rendición de cuentas
La Comisión de Régimen Económico evaluó positivamente el informe del contralor general Mauricio Torres. Se confirmó que la Contraloría cumplió con su obligación constitucional de rendición de cuentas ante la Asamblea, complementada con la comparecencia del funcionario. Los legisladores solicitaron mayores detalles sobre las acciones de control en casos emblemáticos con indicios de responsabilidad penal, como Progen y ATM.
Por su parte, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social validó el informe del Consejo Nacional Electoral. El organismo organizó con éxito las Elecciones Generales 2025 (primera y segunda vuelta), las elecciones locales en Sevilla Don Bosco y Shuar Pastaza, además del Referéndum y Consulta Popular 2025. Las tasas de participación alcanzaron el 82,03 % en primera vuelta, 82,98 % en segunda y 80,27 % en la consulta popular.
Recomendaciones para mayor transparencia electoral
La comisión sugirió mejorar los mecanismos de rendición de cuentas cualitativa del CNE, incorporando análisis más profundos sobre impactos y desafíos de cada proceso electoral.
Con estas decisiones, la Asamblea Nacional cerró la jornada del 8 de abril reforzando su rol de control político sobre las instituciones del Estado, sin formular observaciones negativas para la mayoría de las autoridades evaluadas.
