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La administración municipal de Guayaquil enfrenta tres solicitudes formales de remoción contra el alcalde Aquiles Alvarez. Él cumple prisión preventiva en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena, por los casos Goleada y Triple A investigados por la Fiscalía.
Los pedidos se sustentan principalmente en la ausencia injustificada del burgomaestre en el ejercicio de sus funciones, luego de que la licencia sin sueldo otorgada por el Concejo Cantonal venciera el 26 de marzo de 2026 sin que se haya solicitado ni concedido prórroga.
Los denunciantes argumentan que la situación jurídica de Alvarez impide el cumplimiento material, personal y ordinario de las responsabilidades del cargo y solicitan verificar la causal de remoción prevista en el artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
Pedidos de remoción se basan en ausencia injustificada del alcalde
Hasta este 10 de abril de 2026, tres ciudadanos han presentado las peticiones ante el Municipio. El primero fue el abogado quiteño David López Banegas, cuya solicitud ya está en evaluación por la Comisión de Mesa.
Le siguieron el comerciante y residente guayaquileño Óscar Velarde, quien dirigió su oficio a la alcaldesa subrogante, y el abogado guayaquileño Hugo Córdova Hidalgo, domiciliado en el centro de la ciudad.
Esta mañana, las concejalas del Partido Social Cristiano (PSC), Ana Chóez y Cinthia García, acudieron a la Secretaría General del Cabildo para entregar nuevos insumos jurídicos que sustentan la causal de remoción por incumplimiento de funciones. «Se enmarca en la obligación legal y moral que tiene el Concejo Cantonal de dar trámite a este pedido», señaló Chóez.
Tres ciudadanos y concejalas del PSC impulsan las solicitudes
A pesar de las denuncias, la mayoría del Concejo Cantonal mantiene que Álvarez seguirá siendo el alcalde de Guayaquil hasta que exista una sentencia ejecutoriada en su contra. Mientras tanto, la vicealcaldesa Tatiana Coronel continúa ejerciendo como alcaldesa subrogante para evitar la paralización administrativa de la ciudad.
La Contraloría General del Estado (CGE) también interviene en el caso. El organismo emitió un informe en el que advierte que la subrogación de Coronel carece de fundamento legal, al no existir vacaciones ni licencias tomadas por el alcalde titular. La CGE anunció una verificación preliminar sobre las funciones que ejerce actualmente la vicealcaldesa.
Concejo respalda a Alvarez mientras Contraloría evalúa subrogación
«No era necesaria una votación en el Concejo Cantonal. Se está analizando incluso la posibilidad de sanciones administrativas, como multas económicas, por haber impulsado algo que no correspondía», afirmó la concejala Cinthia García.
El proceso de remoción será tramitado por la Comisión de Mesa del Cabildo y se estima que podría extenderse por aproximadamente un mes. Actualmente, Alvarez enfrenta tres pedidos simultáneos mientras permanece privado de libertad.
