El caso de una joven de 20 años, identificada como ‘Noemí’, en Portoviejo, evidencia fallas en la atención institucional a víctimas de violencia de género, pese a contar con medidas legales como orden de alejamiento.
‘Noemí’, estudiante universitaria, mantiene una orden de alejamiento contra su padre, a quien denunció por años de violencia psicológica y física ejercida contra ella y su madre.
Según relató, durante mucho tiempo dudó en denunciar por temor a que el proceso no tuviera resultados. Finalmente, tras un episodio de agresión ocurrido hace tres meses, decidió iniciar acciones legales.
En ese hecho, su padre, en estado etílico, habría agredido a ambas. Aunque la Policía acudió al lugar, no procedió con la detención. Posteriormente, su madre fue trasladada a una casa de salud.
Llamadas de auxilio sin respuesta oportuna
Dos meses después, la joven volvió a enfrentar una situación similar. Indicó que su padre llegó ebrio y la expulsó de su vivienda mediante agresiones físicas.
En ese momento, realizó una llamada al ECU 911, informando que contaba con una medida de protección vigente. Sin embargo, afirmó que la Policía no acudió al sitio.
«El dolor que uno siente al vivir violencia se agrava cuando las autoridades no responden».
Testimonio de mujer víctima de violencia de género.
«El dolor que uno siente al vivir violencia se agrava cuando las autoridades no responden», expresó la joven, quien además señaló que la orden de alejamiento incrementó los conflictos familiares.
Observaciones desde organizaciones sociales
De acuerdo con Andrea Quijije García, integrante del Movimiento Mujeres por la Justicia, Colectivo Tejedoras Manabitas y Movimiento de Mujeres del Ecuador, la respuesta institucional presenta falencias.
La activista indicó que estas dificultades no se limitan a la Policía Nacional, sino que también involucran a la Fiscalía y al sistema judicial, donde se requiere fortalecer la capacitación del personal.
Asimismo, señaló que han identificado casos de revictimización, discriminación y cuestionamientos hacia las víctimas durante el proceso de denuncia, lo que constituye una forma adicional de violencia.
Intertítulo: Limitaciones en la respuesta institucional
Quijije explicó que, con base en su trabajo territorial, estiman que de cada diez mujeres, al menos ocho no reciben atención adecuada al momento de denunciar agresiones.
Además, advirtió que medidas como la boleta de auxilio no siempre garantizan protección efectiva. En varios casos de femicidio registrados, las víctimas contaban con este recurso sin lograr evitar el desenlace fatal.
También señaló que la Fiscalía debería actuar como un espacio de respuesta inmediata para las víctimas, aunque en la práctica esto no siempre se cumple.
Implementación de nuevas herramientas de alerta
En el ámbito de atención de emergencias, se ha implementado el denominado «Botón Violeta», una herramienta promovida por el ECU 911 para mejorar la respuesta ante casos de violencia de género.
Este mecanismo reemplaza al anterior «botón de seguridad», que estaba vinculado a una dirección fija, generalmente el domicilio de la víctima, lo que limitaba su efectividad.
El Botón Violeta funciona con georreferenciación, permitiendo que la Policía acuda al lugar exacto donde se encuentra la víctima al momento de la emergencia, ya sea en espacios públicos o privados.
Intertítulo: Procedimiento ante denuncias de violencia
Según explicó Willy Murillo, miembro subrogante de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Portoviejo, existe una «ruta de la denuncia» que establece el procedimiento a seguir.
El proceso inicia con la llamada al ECU 911, tras lo cual la Policía se moviliza para verificar el hecho. En el lugar, los agentes recopilan información y evalúan la situación.
Dependiendo del caso, la víctima puede ser derivada a instancias administrativas como la Junta Cantonal o, en zonas rurales, a tenencias políticas, donde se gestionan medidas de protección.
Aplicación de medidas y judicialización
Murillo indicó que, cuando no existen medidas previas, las autoridades administrativas pueden dictarlas en favor de la víctima y en contra del presunto agresor.
En los casos donde ya se han emitido disposiciones, el proceso continúa con la judicialización, trasladando el caso a la unidad judicial correspondiente.
Asimismo, explicó que la detención del presunto agresor depende de su presencia en el lugar y de la existencia de indicios de agresión. Si estas condiciones se cumplen, la Policía puede proceder a su aprehensión.
Intertítulo: Cifras de violencia en Portoviejo
De acuerdo con datos del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Portoviejo, las denuncias por violencia de género registraron una disminución en 2025, en comparación con años anteriores.
Entre 2023 y 2024 se reportaron en promedio 620 casos anuales, mientras que en 2022 se registraron alrededor de 300 casos.
Estas cifras reflejan el comportamiento de las denuncias en el cantón, en un contexto donde organizaciones sociales continúan monitoreando la situación de la violencia de género.
Contexto y desafíos
El sistema de atención a víctimas de violencia de género en Ecuador contempla mecanismos como denuncias, medidas de protección, intervención policial y procesos judiciales.
Sin embargo, los testimonios y observaciones recogidos evidencian desafíos en la aplicación efectiva de estos mecanismos, particularmente en la respuesta inmediata y el trato a las víctimas.
El caso de ‘Noemí’ se suma a otros registros que forman parte del seguimiento que realizan organizaciones sociales y entidades públicas en el país.
