Joven imputado por asesinato de desaparecido en Ibarra – La Voz del Altiplano
03 de febrero de 2026 • 17:04

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La Fiscalía acusó formalmente a Iker Alexander M.C., por su supuesta implicación en el asesinato de Matías David M.A., de 26 años, quien fue reportado como desaparecido en Ibarra. El hecho, que conmovió a la comunidad local, desembocó en una orden de prisión preventiva tras la audiencia judicial correspondiente.

La investigación comenzó cuando la familia y amigos de Matías reportaron su desaparición tras no regresar a casa la noche del viernes 30 de enero. El joven abordó un vehículo que pidió mediante una aplicación de taxis en las calles Cristóbal Gómez Jurado y avenida Mariano Acosta, pero después su celular quedó apagado. Ante la preocupación, sus allegados presentaron una denuncia por desaparición involuntaria.

Seguimiento policial y hallazgo de pistas clave

En los primeros pasos de investigación, agentes de la Fiscalía y Dinased detectaron un retiro sospechoso de $30 dólares de la cuenta de la víctima en un cajero ubicado en Atuntaqui. Revisión de cámaras de seguridad permitió identificar la placa del vehículo involucrado, pista que derivó en la solicitud de una orden judicial de allanamiento en la ciudadela La Victoria, en Ibarra.

Durante el allanamiento, las autoridades encontraron el vehículo y detuvieron a su conductor, Iker Alexander M.C. Al revisar el automóvil, descubrieron el certificado de votación del joven desaparecido en la cajuela, elemento que sumó peso a la investigación.

Iker Alexander M.C., de 19 años, declaró ante las autoridades y señaló que otras personas estuvieron involucradas en el crimen. También indicó la ubicación del cuerpo. La madrugada del 2 de febrero, un equipo de la Fiscalía y Dinased se trasladó a las cercanías de las canteras de Caranqui, donde hallaron el cadáver de Matías en una zona desolada y de difícil acceso.

Evidencias presentadas ante la justicia

La Fiscalía, durante la audiencia, presentó diversos elementos de convicción, incluyendo versiones de testigos, el informe de reconocimiento del lugar y el protocolo de autopsia. Este protocolo estableció que la causa de la muerte fue un trauma cráneo encefálico.

Se ejecutaron otros allanamientos para recopilar más pruebas que permitan esclarecer completamente lo sucedido. La instrucción fiscal se fijó en un plazo de treinta días. El caso continúa bajo el seguimiento de las autoridades.

El proceso judicial se fundamenta en el delito de asesinato, recogido en el artículo 140, numerales 4, 7 y 8 del COIP. En caso de confirmarse la responsabilidad penal, la condena podría establecer una pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años. (22)

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