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Human Rights Watch (HRW) lanzó una advertencia urgente sobre el estado del orden internacional contemporáneo, señalando que la presión constante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la influencia creciente de China y Rusia lo están debilitando.
Según el informe anual de HRW para 2026, el año 2025 marcó un «punto de inflexión» en la defensa de los derechos humanos y la democracia global. Philippe Bolopion, director ejecutivo de la organización, alertó sobre un avance significativo del autoritarismo en Estados Unidos, impulsado por decisiones políticas y retóricas oficiales durante el mandato de Trump. Bajo este escenario, HRW pidió la formación de una alianza estratégica democrática para preservar estándares internacionales, frente al deterioro institucional actual.
Ofensiva contra derechos y garantías
Bajo la administración Trump, asegura que se impulsó una ofensiva en múltiples frentes: desde la restricción del derecho al voto hasta la limitación de libertades básicas como la expresión y la privacidad. El informe destaca que, en solo un año, el Gobierno estadounidense debilitó pilares esenciales de la democracia y del orden normativo global, justificando medidas bajo argumentos de «riesgo civilizatorio» e introduciendo políticas alineadas con ideas supremacistas.
La administración defendió su autoridad para reforzar el control fronterizo, pero HRW criticó la negación de debido proceso para solicitantes de asilo, el trato deshumanizante a migrantes y prácticas discriminatorias ilegales. Además, Trump atacó la independencia judicial y empleó el aparato estatal para intimidar a opositores políticos y medios de comunicación, según el informe.
Política exterior, inmigración y derechos civiles
La política exterior estadounidense bajo Trump rechazó el derecho internacional y apostó por el desprecio abierto a obligaciones multilateralistas. Se ejemplifica con el apoyo prácticamente incondicional a Israel, incluso ante posibles crímenes de guerra en Gaza, y con la presión ejercida sobre Ucrania para negociar la cesión de territorios, minimizando la responsabilidad de Rusia en violaciones graves.
En materia interna, la administración impulsó la eliminación del voto por correo, limitó el acceso a las urnas y promovió arrestos masivos de migrantes, especialmente de comunidades negras y latinas. HRW denunció la revocatoria de normativas que protegían a ciertos grupos durante operativos migratorios y el uso de la antigua Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar deportaciones, generando temor y protestas generalizadas.
Las acciones de las fuerzas del orden durante manifestaciones, según HRW, incurrieron en uso desproporcionado de la fuerza y violaron las libertades de expresión y reunión. Además, se desplegó la Guardia Nacional en estados gobernados por demócratas, justificado por argumentos de insurrección, aunque con baja criminalidad comprobada.
Retrocesos en derechos de mujeres, estudiantes e identidades diversas
El informe subrayó detenciones y procedimientos de deportación contra estudiantes universitarios extranjeros por sus posiciones políticas, especialmente en defensa de la causa palestina. También se destacaron recortes en programas de salud reproductiva y la eliminación de políticas de diversidad e inclusión, junto con restricciones legislativas que afectan a personas trans y a la comunidad LGTBIQ+.
Entre las medidas impulsadas desde el sector republicano, se cuentan
- la prohibición del lenguaje relacionado con género,
- la exigencia de reconocer solo dos géneros oficiales,
- exclusiones de personas trans del Ejército y
- restricciones al acceso a baños y atención médica especializada para la comunidad LGTBIQ+.
Aislamiento internacional y acciones militares controvertidas
Estados Unidos abandonó el Acuerdo de París sobre clima, desmontó la Agencia de Desarrollo Internacional (USAID) y redujo significativamente su ayuda exterior. Trump retiró al país de foros multilaterales clave para la protección de derechos humanos y recortó aportes a la ONU, debilitando su capacidad humanitaria y de operaciones de paz.
El informe concluyó que la búsqueda de chivos expiatorios raciales, la militarización de la respuesta estatal y las represalias contra opositores políticos evidencian un viraje decidido hacia el autoritarismo en el gobierno de Estados Unidos.
