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La Fiscalía General del Estado inició un proceso penal contra un padre y su hijo adolescente por el delito de ataque y resistencia a la autoridad, después de un enfrentamiento contra policías durante un operativo en el centro de Pedro Carbo.
El hecho se produjo cuando agentes policiales ordenaron detenerse a un joven que conducía una motocicleta. Según el informe policial, el adolescente reaccionó de forma agresiva ante la intervención de los uniformados. Minutos más tarde, su padre llegó al lugar e intentó impedir el trabajo policial, e incluso, según los agentes, habría agredido a los servidores públicos.
Situación se torna tensa y requiere refuerzos
Ambos se refugiaron en una casa cercana, donde los dueños autorizaron el ingreso de la Policía. Familiares y vecinos acudieron al sector y se dieron enfrentamientos, lo que motivó el pedido de refuerzo por parte de la fuerza pública. Finalmente, los efectivos lograron aprehender a padre e hijo y los pusieron a disposición de la autoridad judicial.
Audiencia y medidas para los implicados
En la audiencia de flagrancia la Fiscalía presentó pruebas como el parte de aprehensión, exámenes médicos del agente herido y la motocicleta relacionada al suceso. El juez de Garantías Penales dispuso la prisión preventiva para Jhon Cristhian S.B., el padre, quien fue trasladado a un centro penitenciario. Además, el magistrado ordenó medidas de protección a favor del policía agredido.
Respecto al menor, el juez de Adolescentes Infractores aplicó medidas cautelares de tipo personal:
- Supervisión por parte de una persona o entidad especializada en atención al adolescente
- Obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial
- Prohibición de salir del país
Fiscalía avanza con investigación bajo normativa vigente
El proceso se sustenta en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta normativa establece sanciones para quienes ataquen o se resistan, mediante violencia o amenazas, a agentes de la Policía Nacional, seguridad penitenciaria o servidores de entidades complementarias de seguridad de los gobiernos autónomos municipales y metropolitanos. Según la ley, la pena corresponde de seis meses a dos años de cárcel.
La instrucción fiscal tendrá un tiempo de cierre de treinta días en ambos casos, antes de que se definan nuevas diligencias o resoluciones judiciales contra los procesados.
