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La Dirección de Ambiente de la Secretaría de Gestión de Riesgos del Municipio de Manta ha identificado múltiples zonas de alto riesgo en la ciudad y zona rural, negando la legalización de entre 200 y 300 predios por encontrarse en pendientes mayores al 50 %, áreas inundables o muy cercanas a quebradas y cauces.
Javier Alonzo, director de Ambiente de la Secretaría de Gestión de Riesgos del municipio, explicó que estas decisiones se toman tras análisis técnicos con mapas de amenaza por movimientos en masa e inundaciones. «No legalizamos predios en zonas de riesgo alto o medio sin obras de mitigación previas. El propietario debe construir primero la obra de protección y luego legalizar», detalló.
Rosalía Bravo, ciudadana, sostiene que no siempre es así. «En mi caso compré una casa con el BIESS y una quebrada siempre la afectaba, y eso nunca lo anticiparon los inspectores previo al crédito», contó. Después de varios trámites ella buscó el mecanismo para devolver la propiedad.
Zonas críticas determinadas
Entre las zonas más críticas en Manta destacan San Juan (por pendientes pronunciadas y suelos de arcilla expansiva), El Porvenir Alto (riesgo medio por quebradas urbanas), Los Geranios (riesgo medio por taludes inestables y falta de mitigación completa), y la zona rural de Santa Marianita. En esta última, la vía principal (E15) presenta fisuras y hundimientos en el borde, agravados por 14 badenes que arrastran lodo y flujo de agua en temporada de lluvias.
Alonzo recordó que Santa Marianita es considerada una «calle canal» y que el flujo de lodo desde la parte alta hasta El Aromo es recurrente. «Ya nos reunimos con el Gobierno Provincial para coordinar acciones, porque la vía es competencia provincial, pero el impacto afecta directamente a la población de Manta», señaló.
El funcionario enfatizó que la construcción ilegal en zonas de riesgo sigue siendo un problema grave.
La Secretaría de Gestión de Riesgos mantiene un trabajo preventivo con más de seis comunidades fortalecidas en respuesta inicial: Santa Rosa, Vista Hermosa y Abdón Calderón, entre otras. Estas comunidades han recibido capacitación, simulacros y equipos básicos para actuar como primera respuesta ante eventos hidrometeorológicos, movimientos en masa, socavones o inundaciones.
Estudian cada caso
Alonzo insistió en que la prioridad es proteger vidas y patrimonio: «Antes de legalizar, debe existir obra de mitigación. Solo así cambiamos el riesgo de alto a mitigado o bajo». La Dirección evalúa cada caso con estudios de suelo, hidrología y topografía para determinar si la vivienda puede permanecer o requiere reubicación.
En 2025 se registraron múltiples eventos de deslizamientos e inundaciones en estas zonas, lo que reforzó la necesidad de control estricto sobre nuevas construcciones.
