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Alexandra Villacís, vocal alterna de Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura, presentó una acción de protección con medida cautelar para evitar su separación definitiva del organismo y frenar el proceso de designación de su reemplazo. La funcionaria sostiene que se vulneraron sus derechos y que no se le permitió ejercer su defensa frente a un impedimento administrativo registrado en el Ministerio del Trabajo.
Villacís explicó que demostró no mantener deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI), pese a lo cual continúa vigente una restricción para ejercer cargo público. Afirmó que remitió la documentación de respaldo al Consejo de la Judicatura, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), pero que las entidades continuaron con el trámite para sustituirla.
El recurso recayó en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte de Guayaquil, a cargo de la jueza Natacha Centeno Vera. La acción de Alexandra Villacís dirige contra seis autoridades, entre ellas Damián Larco, presidente temporal del Consejo de la Judicatura; Jorge Maruri, director general; Andrés Fantoni, titular del CPCCS; Marco Rodríguez, presidente encargado de la Corte Nacional; Harold Burbano, del Ministerio de Trabajo; y Juan Carlos Larrea, procurador general del Estado.
Impedimento administrativo y designación temporal
La controversia surgió cuando Villacís no pudo asumir la presidencia temporal del CJ durante la licencia sin sueldo y vacaciones solicitadas por Mario Godoy entre el 9 y el 13 de febrero. El director del organismo dispuso su separación tras detectar el impedimento para ejercer funciones públicas.
En la madrugada del 10 de febrero, el pleno del Consejo designó al vocal Damián Larco como presidente temporal. Paralelamente, el CPCCS solicitó a la Corte Nacional el envío de una terna para cubrir la vacante generada por la separación de Alexandra Villacís.
El 12 de febrero, Marco Rodríguez remitió la lista integrada por Mercedes Caicedo, jueza de lo penal en la Corte Nacional; Óscar Chamorro González, juez provincial; y María Fernanda Morejón Villavicencio, funcionaria pública. El presidente del CPCCS convocó a sesión extraordinaria para conocer los nombres enviados.
Argumentos de Alexandra Villacís
En su demanda, Alexandra Villacís argumentó que actúa en defensa del debido proceso, la seguridad jurídica y la institucionalidad. «Esta decisión no responde a un interés personal ni a una disputa de cargos. Responde a la convicción de que cuando existen actuaciones administrativas que pueden afectar derechos sin traslado previo ni oportunidad de defensa, el camino correcto es acudir a la justicia constitucional», señaló.
También expresó confianza en la independencia judicial. «Confío en que los jueces constitucionales analizarán el caso con objetividad, rigor técnico y plena autonomía», afirmó. Añadió que corresponde a la justicia determinar si las actuaciones administrativas se ajustan al marco constitucional.
Tras recibir la terna, el CPCCS abrió desde el 12 hasta el 27 de febrero el proceso de inscripción ciudadana para conformar una veeduría que supervise la selección. La definición sobre el reemplazo de Alexandra Villacís avanza en paralelo mientras la justicia analiza la acción de protección presentada.
