El anuncio del Gobierno de que se comprarán nuevos grilletes electrónicos para el uso de personas que están bajo arresto domiciliario es una decisión acertada, pero condicionar su colocación al pago de una cifra de dinero es un error.
Si se hace de esta forma, una medida legal se convertirá en una práctica injusta al introducir un criterio económico en decisiones que deben basarse en la ley. El arresto domiciliario no puede depender de la capacidad de pago, pues se contradice el principio de igualdad ante la justicia.
El país enfrenta un sistema penitenciario colapsado, con hacinamiento y violencia persistente. En ese contexto, las medidas alternativas a la prisión preventiva han sido promovidas para reducir la sobrepoblación carcelaria, desde luego, bajo estricto análisis y decisión de los jueces.
Los dispositivos electrónicos permiten control sin encierro físico, y han sido aplicados en varios sistemas judiciales con resultados positivos cuando se regulan con criterios técnicos y no económicos.
El Gobierno debe garantizar acceso equitativo a las medidas cautelares, que no deben ser un privilegio sino un derecho. Existen mecanismos para financiar estos sistemas sin trasladar el costo a los procesados. Las soluciones deben ser técnicas y legales, no excluyentes.
