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En Santo Domingo, mandos de Fuerzas Armadas solicitaron reformas legales para endurecer sanciones por robo de combustible, luego de confirmar que más de 200 detenidos y decenas de vehículos quedaron libres en 2025 pese a las incautaciones realizadas.
Santo Domingo y la debilidad de sanciones
El teniente coronel Jorge Játiva, comandante del Batallón de Ingenieros N.º 69, explicó que el delito hidrocarburífero carece de penas suficientemente disuasivas. «Tenemos más de 200 personas aprehendidas el año anterior. Todas se encuentran libres», afirmó.
Además, indicó que 40 tanqueros y cerca de 500 camiones fueron retenidos en operativos a nivel nacional. Sin embargo, los vehículos también recuperaron su situación legal. Esta realidad, según el oficial, debilita el impacto operativo.
Las cifras oficiales muestran el alcance del problema. En 2023 se registraron 327 perforaciones a poliductos. En 2024 la cifra subió a 954. En 2025 alcanzó aproximadamente 1.200 perforaciones a nivel nacional.
Incremento del delito en Santo Domingo
En enero de 2026 se contabilizaron 103 perforaciones en el país. El tramo Santo Domingo-Esmeraldas representa casi un tercio de los casos. Esto convierte a la provincia en el segundo punto de mayor incidencia.
Játiva explicó que el delito mutó. Antes operaban grupos artesanales. Ahora actúan estructuras organizadas. El combustible sustraído abastece minería ilegal, transporte clandestino y narcotráfico.
Un tanquero de 10.000 galones puede generar alrededor de 30.000 dólares si se comercializa al precio actual. Las pérdidas para el Estado superaron los 160 millones de dólares en 2025, según datos militares.
Operativos y límites legales en Santo Domingo
El teniente coronel Giovanni Vergara, comandante del Batallón N.º 67 Montúfar, confirmó que intensificaron patrullajes 24 horas al día. Las operaciones se ejecutan bajo el Plan Ares y el anexo de seguridad hidrocarburífera.
Las Fuerzas Armadas controlan 1.658 kilómetros de tubería a nivel nacional. En Santo Domingo identificaron al menos cinco urbanizaciones privadas vinculadas a investigaciones por perforaciones cercanas al derecho de vía.
Las autoridades detectaron viviendas con conexiones clandestinas y mangueras extendidas hacia tanqueros. En algunos casos, los inmuebles no estaban habitados permanentemente. Funcionaban como centros logísticos.
Pedido de reformas y corresponsabilidad ciudadana
Los mandos militares insisten en que la respuesta debe ser integral. «No depende solo de Fuerzas Armadas», subrayó Játiva. Por ello, piden que la Asamblea revise el marco penal.
El objetivo es endurecer las penas por robo de combustible en Santo Domingo y en todo el país. Consideran que sanciones más firmes reducirían la reincidencia y el incentivo económico.
Además, activaron la línea 131 para denuncias anónimas. Ofrecen recompensas por información verificable. Solicitan a la ciudadanía reportar movimientos nocturnos sospechosos cerca del poliducto.
El mensaje institucional es claro. Santo Domingo enfrenta un desafío estructural en seguridad hidrocarburífera. Las operaciones continúan. Sin embargo, las autoridades sostienen que sin reformas legales efectivas el delito seguirá resultando lucrativo.
