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El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha condenó a Janeth Azucena M. R., a dieciséis años de prisión por el delito de prostitución forzada. En la sentencia se obliga el pago de una multa de 300 salarios básicos, es decir 144, 600 dólares.
Los hechos ocurrieron entre junio y septiembre de 2023 en la ciudad de Quito, donde la acusada utilizó redes sociales para promocionar a la menor y captar clientes en hostales y hoteles, beneficiándose económicamente mediante transferencias a su cuenta bancaria.
La sentencia, dictada el 2 de marzo de 2026, responde a la necesidad de proteger a víctimas en condición de vulnerabilidad extrema y castigar formas graves de explotación sexual intrafamiliar.
Pruebas del juicio
La Fiscalía General del Estado presentó un sólido conjunto de pruebas durante la audiencia de juicio. Entre ellas destaca la pericia psicológica practicada a la víctima, que confirmó el diagnóstico previo de ansiedad y depresión, agravado por intentos de suicidio derivados directamente de la coerción ejercida por su madre.
Los jueces también recibieron el testimonio anticipado de la afectada, en el cual narró detalladamente las circunstancias de abuso y control a las que fue sometida. La acusada difundía imágenes de su hija en redes sociales para atraer a hombres que pagaban por encuentros sexuales en establecimientos de hospedaje de la capital ecuatoriana.
Pruebas clave
El fiscal del caso sostuvo que la conducta delictiva generaba un beneficio económico directo para la acusada, quien manejaba exclusivamente los pagos recibidos a través de su cuenta bancaria. Esta modalidad evidencia un control absoluto sobre la víctima y los recursos obtenidos.
La investigación, iniciada tras denuncia y acompañamiento institucional, permitió recopilar evidencias digitales, testimonios y peritajes que demostraron la responsabilidad penal. La sentencia aplica el artículo 101 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica la prostitución forzada con penas de 13 a 16 años cuando el infractor mantiene una relación familiar con la víctima (numeral 2), agravante que justificó la pena máxima impuesta.
Vulnerabilidad de la víctima
La menor presentaba un cuadro de salud mental delicado antes de los hechos, con diagnósticos confirmados de ansiedad y depresión. A pesar de esta condición, la acusada la obligó a actividades sexuales remuneradas, lo que profundizó su deterioro psicológico según la pericia oficial.
Este tipo de casos resalta la vulnerabilidad adicional de adolescentes en entornos intrafamiliares, donde el vínculo parental puede usarse como mecanismo de coerción. La Fiscalía enfatizó que la explotación ocurrió pese al conocimiento pleno de la afectación emocional de la hija.
