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En una coyuntura marcada por conflictos internacionales y ajustes tributarios internos, el economista Fausto Ortiz y exministro de Economía, analizó en un espacio de diálogo de Manavisión Plus, si el incremento del IVA y los ingresos petroleros son suficientes para sacar al país del estancamiento o si solo sirven para cubrir los baches de una caja fiscal históricamente deficitaria.
-Economista, sobre el tema económico global, específicamente la crisis en Medio Oriente y la elevación del precio del crudo, ¿cuál es el impacto que esto puede tener en el Ecuador?
Va a depender de lo extenso o corto de la crisis. A medida que sea más larga, el asunto se complica a nivel global y puede haber afectación en la definición de prioridades de quienes compran productos de exportación ecuatoriana. En las últimas crisis (2008, 2020 e incluso Rusia-Ucrania), nuestras exportaciones no tuvieron mayor repercusión; los productos llegaron bien.
El análisis más profundo queda en el campo petrolero, que tiene dos aristas: la generación de ingresos adicionales para el presupuesto del Estado y, en la parte social y política, cómo enfrenta el Gobierno la subida del precio de los combustibles o el mantenimiento de esquemas de compensación, como en el caso del diésel, para no afectar al sector más vulnerable. Por el lado económico, el petróleo da ingresos adicionales; por el lado político, el reto es la compensación. Además, hay que entender que esos ingresos no son «plata fresca», sino la compensación de no tener que ir a buscar más deuda.
-¿Cuál debería ser la fórmula para enfrentar este tema? ¿Debería ser motivo de tranquilidad que suba el petróleo frente al costo de los combustibles para que el impacto no sea negativo en la ciudadanía?
Hay dos usuarios de combustibles. Nosotros, que utilizamos vehículo propio y tenemos ingresos estables, podemos soportar algo el incremento porque entendemos que es temporal. Pero el segmento vulnerable, el que utiliza transporte público, vive «con las completas». Si no hay compensación y sube el pasaje, la afectación al bolsillo es directa.
Ahí no cabe decir «es temporal», porque para ellos un mes de alza es una disminución importante de sus ingresos. Por tanto, el Gobierno debería pasar el mensaje de que va a compensar íntegramente el diésel al transporte público. En el caso de la Extra, la gente tendrá que evaluar un uso racional del combustible si este sube más de lo acostumbrado.
-Tomando en cuenta que el conflicto en Medio Oriente es incierto, ¿hasta cuándo podría sostenerse el Gobierno con los estándares actuales?
El Gobierno revisa el precio una vez al mes. Hoy, 12 de marzo, los combustibles amanecen con un precio nuevo; hay un incremento leve en la Extra y el diésel, pero no recoge aún el efecto del conflicto actual porque se está usando stock importado a precios anteriores. El asunto será la siguiente compra, con el WTI arriba de 95 dólares y el diésel bordeando los 110 dólares por barril para importar. El Gobierno deberá ver cómo traslada eso al público, controlando que no se vuelva a fugar el combustible por la frontera al mantenerlo subsidiado. Es preferible que el incremento del diésel sea compensado directamente en la tarifa del transporte público.
-Cambiando de tema, se incrementó el IVA del 12% al 15% por seguridad. Los atrasos del Estado han bajado, pero parece que el IVA solo alcanza para pagar deudas y cubrir huecos fiscales. ¿Cuál es la situación real?
Hay que entender algo: si el país tiene un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares (que es con lo que trabajamos para este año), y el IVA de 3 puntos adicionales te da 1.500 millones, esa plata no es «totalmente disponible». Lo que hace es achicar el déficit y aliviar la necesidad de buscar deuda. Ha permitido bajar los atrasos: cuando el Gobierno arrancó en noviembre de 2023, los atrasos eran de 5.500 millones; hoy están en 4.600 millones. Al igual que el petróleo, el IVA no te da plata fresca, ayuda a depender menos del financiamiento externo. El manejo firme consiste en decidir cuánto va al presupuesto y cuánto a proyectos específicos como la seguridad.
-¿Esto complica la presencia de la obra pública, que es lo que el ciudadano finalmente valora por la generación de empleo?
Los impuestos el año pasado fueron 17.000 millones de dólares. Ese dinero atiende, «con las completas», los gastos corrientes: 10.000 millones en nómina, 4.000 millones en intereses de deuda y 3.000 millones para la Seguridad Social. Ahí se acabaron los impuestos. Falta el Bono de Desarrollo Humano y otros rubros. La obra pública no se hace con impuestos; se hace con petróleo o con deuda. Por eso la sensación es que la obra pública es limitada, porque el déficit es alto. El Gobierno podría visualizar qué tan larga es la crisis del crudo para destinar un remanente de ese ingreso a incrementar levemente la obra pública.
-¿Cuál es su evaluación de la forma en que se está llevando la economía actualmente?
Este año es crítico. Ya no tienes el crecimiento por el «rebote» del 2025. El 2024 fue de estancamiento y el crecimiento del 3.4% posterior fue solo un promedio del 0.7% bianual, que es la mitad de lo que crece la población. Este año veremos la verdadera ejecución, alejada del rebote. El Banco Central dice 1.8% y el FMI 2%; yo calculo que estaremos bordeando el 2.5%. Tendremos una inflación arriba del 2.5%, lo cual no es necesariamente malo: prefiero una economía que demande un poquito más a una estancada donde el vendedor no puede subir precios porque no vende.
-¿Y en cuanto al empleo?
Esa es la variable que el Gobierno debería perseguir. En diciembre de 2025 hubo 3’300.000 personas con empleo pleno, superando el nivel pre-pandemia de 2019. Pero ojo: estamos idénticos en número de personas empleadas a lo que estábamos en el 2013. La diferencia crítica es que hace 13 años había 6.5 millones de personas en edad de trabajar; hoy hay 8.5 millones. La población apta creció y el empleo no. Si el Gobierno logra sumar 200.000 empleos adicionales, habrá hecho un buen año; si no, será un año para no recordar mucho.
-¿Cómo se explica a la gente la caída del riesgo país? ¿Tiene que ver con la llegada del Comando Sur?
El riesgo país no baja porque llegó «Rambo» o militares americanos. No tiene nada que ver con eso. Bajó porque este año empezaban a vencer los bonos de deuda externa (Global 2030). Había incertidumbre electoral sobre si ganaría alguien que pagara o no la deuda. Como ganó el presidente Noboa, que es cercano a pagar porque necesita seguir endeudándose para el presupuesto, el riesgo cae.
Al pagar en enero y recomprar deuda para mandarla a 10 años más, el mercado se tranquiliza. ¿En qué favorece a la gente? El riesgo país bajo permite a los empresarios conseguir crédito más barato para invertir. Si se hace el proyecto y se contrata gente, ahí la ciudadanía entiende su importancia.
-En inversión extranjera estamos «en pañales» frente a Perú y Colombia. ¿Qué sectores debemos priorizar?
La inversión grande no va a turismo o agricultura; va a petróleo y minería. Debemos asegurar que los proyectos mineros reciban recursos con las seguridades ambientales que la población exige, lejos de fuentes de agua y con industrias calificadas. La inversión extranjera en Ecuador apenas promedia el 0.7% del PIB; no llegamos ni al 1% (que serían 1.400 millones de dólares). Debemos crear condiciones en petróleo, minería y corregir el fracaso legal en el tema eléctrico.
