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La Fiscalía General del Estado concluyó este 12 de marzo de 2026 los 120 días de instrucción fiscal dentro del proceso penal que investiga a siete sospechosos por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito, etapa en la que se recopilaron versiones, pericias y evidencias para sustentar la causa.
Investigación y procesados
La instrucción fiscal inició el 3 de septiembre de 2025. En ese momento se investigó a cuatro personas señaladas como posibles autores intelectuales del crimen del excandidato presidencial. Entre los investigados constan el exministro José Serrano, el empresario Xavier Jordán, el exasambleísta Ronny Aleaga y Daniel Salcedo, condenado por delitos de corrupción en el sistema de salud pública.
La investigación se amplió el 10 de febrero de 2026, cuando la fiscal del caso, Ana Hidalgo, solicitó la vinculación de tres presuntos cabecillas del grupo de delincuencia organizada Los Lobos. Tras una audiencia de formulación de cargos en Quito, el proceso incorporó a Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias Pipo; Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor; y Luis Arboleda, alias Gordo Luis.
Según la Fiscalía, los tres habrían participado en la planificación del ataque ocurrido el 9 de agosto de 2023, cuando el entonces candidato presidencial fue asesinado al salir de un evento político. De acuerdo con la teoría fiscal, los procesados habrían coordinado el ataque con apoyo de grupos irregulares armados de Colombia, presuntamente a cambio de altas sumas de dinero.
Versiones, pericias y diligencias
Durante los últimos días de la fase investigativa se recibieron versiones y ampliaciones de testimonios solicitadas por las partes procesales y por la Fiscalía. Uno de los comparecientes fue Xavier Jordán, quien amplió su versión de forma telemática desde Estados Unidos el martes previo al cierre de la etapa investigativa.
También fue convocado Andrew Scott Pickle, agente del FBI, quien en septiembre de 2023 entrevistó a varios ciudadanos colombianos detenidos como autores materiales del crimen. Sin embargo, el funcionario estadounidense no asistió a la diligencia prevista dentro del proceso judicial. La Fiscalía también ejecutó la explotación de tres dispositivos electrónicos que contenían audios relacionados con los hechos investigados.
Los equipos permanecían bajo cadena de custodia, y los informes periciales serán incorporados al expediente judicial. Según Patricio Rosero, abogado de Amanda y Tamia Villavicencio, durante las últimas horas de la etapa investigativa podrían presentarse nuevas solicitudes de diligencias. El jurista explicó que la normativa permite pedir pericias o diligencias solo dentro del plazo de instrucción, aunque los resultados puedan entregarse después.
Situación judicial de los investigados
Los siete procesados tienen vigente una orden de prisión preventiva, aunque solo dos personas la cumplen actualmente. Se trata de Daniel Salcedo y Luis Arboleda, quienes ya se encontraban privados de libertad por otras causas cuando fueron vinculados al proceso. Los otros investigados permanecen fuera del país o prófugos. José Serrano, Xavier Jordán y Ronny Aleaga han apelado sus órdenes de prisión preventiva desde el exterior.
Además, alias Pipo permanece detenido en España, mientras se analiza un proceso de extradición hacia Ecuador. En cambio, alias Lobo Menor no tiene ubicación confirmada, según la información difundida durante la investigación. Amanda Villavicencio, hija del político asesinado, afirmó que la investigación ha permitido reunir información relevante.
«Han sido jornadas esclarecedoras en las que se ha evidenciado que existe una estructura narcopolítica transnacional que ha orquestado, planificado, financiado y ejecutado el crimen de mi padre», señaló. También solicitó que se impulsen acciones internacionales para que los investigados en el exterior enfrenten a la justicia ecuatoriana.
Próximos pasos del proceso
El cierre formal de la fase investigativa deberá ser anunciado por la Fiscalía. Una vez completados los informes de pericias, diligencias y versiones, el juez penal de Pichincha, Geovanny Freire, deberá convocar a una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. En esa diligencia se analizará si existen posibles vicios procesales dentro del expediente. Si no se identifican irregularidades, el juez declarará la validez del proceso y se avanzará hacia la etapa en la que la Fiscalía presentará su dictamen acusatorio.
